El reparto de los recursos entre territorios enfrenta a los economistas

Los expertos coinciden en la necesidad de un nuevo sistema de financiación autonómica más transparente y con una mayor autonomía fiscal para las comunidades. Sin embargo, la discrepancia principal entre los economistas se basa en el modelo de reparto de recursos entre las regiones. Auguran que ese será el punto clave de las negociaciones que, para algunos, debería ser eminentemente técnica y no dejarse influenciar por las presiones políticas territoriales.

Estas cuestiones han sido abordadas en una jornada organizada por el Círculo de Economía, en colaboración con la Fundación Olof Palme y FEDEA (Fundación de Estudios de Economía Aplicada), titulada Elementos para un nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas. Entre los asistentes destacó la presencia de economistas, pero también de dirigentes socialistas, como el primer secretario del PSC, Miquel Iceta; el expresidente catalán, José Montilla, o el exlíder del partido, Pere Navarro. También estuvo presente el portavoz parlamentario del PP, Enric Millo.

Mayor responsabilidad autonómica

El director de FEDEA, Ángel de la Fuente, ha desgranado las conclusiones del documento que una veintena de economistas elaboró tras una sesión e trabajo celebrada en S’Agaró (Girona) el pasado mes de febrero, y que ha servido de punto de partida del debate. Hay consenso respecto a la necesidad de simplificar el sistema actual de financiación y reducir el nivel de desigualdad entre territorios, así como de dotar a las comunidades autónomas de un mayor control y responsabilidad sobre los ingresos.

Sin embargo, hay discrepancias sobre cómo otorgar a las autonomías ese mayor control. En este sentido, los expertos ofrecen tres soluciones: la cesión de capacidad normativa colegiada sobre los tipos de gravamen de un nuevo tramo autonómico del IVA y los impuestos especiales; la cesión del 100% del IRPF a cambio de la recuperación para el Estado del IVA y especiales, y la cesión de la capacidad normativa sobre los mecanismos de copago en sanidad y posiblemente en otras áreas.

Criterio de equidad

Pero el punto que genera más controversia es el criterio de equidad que se debe aplicar. Mientras buena parte de los economistas asistentes a la sesión de S’Agaró estaban a favor de la igualdad total de financiación por habitante, otros entienden que en la situación política actual no es posible y abogan por el principio de ordinalidad, es decir, por un sistema que refleje la desigualdad de origen en el reparto territorial de los recursos tributarios por habitante ajustado.

Luis Ángel Hierro, director del departamento de Economía e Historia de la Universidad de Sevilla, discrepa respecto a ese principio de ordinalidad, pues da lugar a que los “residuos fiscales” por persona no sean iguales entre comunidades. “Hay que quitarle papel a la política y dárselo a la técnica, como se ha hecho en Australia, donde se tiene en cuenta, por ejemplo, criterios como el coste de los servicios. Lo contrario es optar por una opción política en la que difícilmente nos vamos a poner de acuerdo, pues se cruzan las discrepancias territoriales, en las que se defiende una postura en función de donde a uno le ha tocado vivir”, ha dicho.

¿Negociación política o técnica? 

Tampoco hay unidad de criterio respecto a la forma de articular las negociaciones sobre el nuevo sistema. Hay quien defiende que la negociación se haga entre partidos, en lugar de entre las comunidades autónomas y el Estado.

Por el contrario, hay acuerdo sobre el mantenimiento del sistema foral en País Vasco y Navarra, aunque sí debería revisarse el cálculo del cupo y la aportación.

En este sentido, Julio López Laborda, catedrático de Economía Pública de la Universidad de Zaragoza, ha explicado que durante tres décadas, no se han revisado cuestiones como la valoración de las cargas no asumidas, el ajuste a consumo del IVA o el índice de imputación. Esto da lugar a que los recursos per cápita pueden ser entre un 30% y un 40% mayor (4.500 millones de euros en total). Por ello, Laborda defiende que se integre a las comunidades forales en el sistema general de nivelación, “que es un instrumento de solidaridad” por el período transitorio que se precise. En este sentido, discrepa de Luis Ángel Hierro, en el sentido de que esa nivelación es una decisión política.

Las soluciones van desde la nivelación plena a la nivelación de los servicios públicos fundamentales. “Entre ambos extremos hay muchas posibilidades”, ha explicado.