El Parlament defiende ante el TC su comisión de ruptura y recuerda que fue avalada por el PP

El Parlamento catalán ha presentado alegaciones contra la petición de suspensión de la comisión de estudio del proceso constituyente presentada por el abogado del Estado ante el Tribunal Constitucional (TC). En ellas se recuerda que el PP avaló y expresó su interés en participar en ese órgano de trabajo.

Asimismo, destaca que el acuerdo de desconexión aprobado en la Cámara catalana el 9 de noviembre de 2015 y que fue suspendido por el TC “tiene un alcance y unos efectos esencialmente políticos, sin efectos jurídicos vinculantes”.

Abogacía del Estado

El TC ordenó la suspensión del citado pacto de ruptura y, en base a esa resolución, la Abogacía del Estado presentó un incidente de ejecución para suspender la creación y desarrollo de la comisión de estudio por entender que se deriva de ese acuerdo 

El Parlamento catalán recuerda las siguientes declaraciones del PP: “Si el Parlamento plantea hacer una comisión de estudio, nosotros no estaremos nunca en contra de que aquí se estudie lo que se considere conveniente estudiar. Solo faltaría que el Parlamento no pudiera estudiar lo que considere oportuno estudiar”.

“Nosotros, obviamente, en fin, tendremos el derecho a decidir si asistimos o no asistimos a las reuniones de esta comisión, si participamos en ella o no (...). Pero no haremos una guerra del hecho de que el Parlamento estudie lo que considere oportuno”.

Explican los letrados de la Cámara autonómica que la comisión “solo supone la apertura de un procedimiento parlamentario cuyo resultado final está por determinar y cuando se produzca ese resultado, caso de producirse, no puede tener otro alcance que el propio ámbito parlamentario”. Advierten de que “un eventual incumplimiento precisa siempre de un acto o una decisión con fuerza necesaria para hacerlo, cosa que no sucede en este caso”.

"Gravísima lesión" 

Los efectos de la sentencia del TC y la obligación de su cumplimento “no pueden llevarse al extremo de poner en cuestión la capacidad del Parlamento de adoptar iniciativas y debatirlas, sea cual sea su contenido”. “Si el objetivo del incidente de ejecución es, como así se desprende de su contenido, el de paralizar las iniciativas parlamentarias, es evidente que ello causaría una gravísima lesión de las funciones institucionales del Parlamento, pues sería tanto como admitir la posibilidad de que el incidente de ejecución pueda servir para impedir que el Parlamento desarrolle sus funciones básicas".

Los letrados van más allá, dado que consideran que el resultado de frenar las iniciativas supondría que se "estaría atacando la esencia del parlamentarismo, que proviene de su legitimidad democrática, y cualquier obstáculo que pueda oponérsele podría tener un efecto demoledor sobre el mismo principio democrático en el que se fundamentan las instituciones y el propio modelo de Estado tal y como lo conciben la Constitución y el Estatuto de Autonomía”.