El Parlamento autonómico admitirá a trámite el proyecto de ley electoral el 6 de mayo

Los partidos nacionalistas catalanes siguen adelante con el proyecto para una ley electoral catalana, que este martes ha sido admitido a trámite por la Mesa del Parlamento autonómico, con el objetivo de que se debata en la Cámara antes del final de la legislatura. El próximo trámite será de nuevo la votación sobre su admisión a trámite, pero esta vez por parte del pleno. Y no es probable, salvo sorpresas de última hora, que el proyecto vaya más allá, debido al precario acuerdo acerca del mismo.

El proyecto, impulsado por CiU, ERC e ICV-EUiA, se admitirá a trámite con toda probabilidad en mayo, ya que estos grupos suman 84 diputados autonómicos, superando muy holgadamente la mayoría absoluta de 68. Pero para que la ley sea aprobada definitivamente necesita de una mayoría cualificada de dos tercios del Parlamento autonómico, es decir, de 90 diputados. Con lo cual los tres grupos impulsores tampoco tendrían suficiente con un eventual apoyo de los tres diputados de la CUP, por lo que sería necesario incluir en el consenso a PSC, PP, C's. Algo que se antoja muy difícil, ya que estos tres partidos tienen unos intereses diametralmente opuestos a los de CiU y ERC.

En concreto, las discrepancias radican en el núcleo de la ley, el sistema para la distribución de los votos en escaños autonómicos. PSC, C's y PP desearían un sistema más proporcional que el actual -el mismo que el de la ley electoral nacional, ya que Cataluña es la única CCAA sin ley electoral propia-, ya que obtienen sus mejores resultados en el área metropolitana de Barcelona. Todo lo contrario que CiU y ERC, a quienes beneficiaría un sistema que dé más peso al territorio.

Precario acuerdo

De hecho, el precario acuerdo alcanzado hasta ahora por todos los grupos, para poder incluir también de momento a PSC, PP y C's, ha consistido en dejar en blanco el sistema electoral propuesto. En este sentido, PSC, PP y C's critican que el texto no contempla ninguna novedad sobre el sistema electoral, por lo que consideran que la norma está incompleta y no tienen previsto apoyarla.

Las prisas de CiU, ERC e ICV-EUiA por llevar la ley electoral al pleno antes del final de la legislatura pueden explicarse por dos razones. En primer lugar, por el hecho de que Cataluña sea la única CCAA sin ley electoral propia, y que se rija por la ley electoral general, de acuerdo con una disposición transitoria del derogado Estatuto de 1979 -que fue prorrogada por el Estatuto de 2006-, y que, en principio, debía regular únicamente las elecciones autonómicas de 1980.

En segundo lugar, hay una cierta presión popular en este sentido. En 2010, el Parlamento autonómico empezó a tramitar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que propone una futura ley electoral catalana, tras recoger 90.000 firmas de ciudadanos. Esta ILP, no obstante, quedó orillada en la Cámara autonómica durante casi cinco años, y aunque en abril de ese mismo 2010 ya se publicaron las enmiendas a la totalidad presentadas al proyecto, el siguiente paso, la votación de las enmiendas, no llegó hasta el pasado mes de febrero.