La Audiencia Nacional llevará a juicio la 'caja B' del PP

La Audiencia Nacional ha concluido finalmente la instrucción del caso de los papeles de Luis Bárcenas, el ex tesorero del PP cuya documentación apunta a la existencia continuada de una contabilidad paralela -y, por tanto, no declarada- del partido, según el juez que ha llevado el caso, Pablo Ruz. También ve indicios de financiación ilegal y de "responsabilidad" del partido en un delito fiscal. Aunque la formación no será juzgada por estos motivos.

En un extenso auto dictado este lunes, el juez Ruz transforma la causa en procedimiento abreviado -trámite equivalente al procesamiento- y propone llevar a juicio oral a Bárcenas, al también ex tesorero popular Álvaro Lapuerta, al ex gerente del partido Cristóbal Páez, y a dos socios y una empleada del estudiuo de arquitectura que se encargó de las obras de su sede presuntamente pagadas en negro. Archiva los procedimientos contra otros 22 imputados, entre los cuales había destacados ex dirigentes del partido, como el ex ministro del Interior Ángel Acebes.

Con este auto, el juez da la voz ahora al fiscal, que debe presentar su escrito de acusación, tras lo cual, con toda probabilidad, se fijará la fecha para el juicio oral.

Contabilidad paralela

Ruz cree indiciariamente probado que el PP mantuvo desde 1990 a 2008 una contabilidad paralela -la registrada en los denominados papeles de Bárcenas-, diferente a la "declarada por el partido y presentada ante el Tribunal de Cuentas", y "sin la correspondiente declaración ante la Hacienda Pública".

Según el juez, en esta "caja B" el PP se benefició de "diversas fuentes de financiación ajenas al circuito económico legal". El magistrado ve "indicios sólidos y fundados" de salidas y entradas de "fondos dinerarios opacos" en esta "caja B". Algo que considera como un "sistema de financiación del PP" que "habría incumplido los límites, requisitos y condiciones establecidos en la ley".

Los tres ex dirigentes imputados solo deberían responder en un juicio oral por las donaciones opacas y no tributadas correspondientes a 2008, puesto que las de años anteriores han prescrito. También deberán responder por el supuesto pago en negro de 1,5 millones para las obras de la sede del partido, junto con los socios y una trabajadora de la empresa que las llevó a cabo.

"Financiación ilegal"

Ruz considera, no obstante que el partido es "responsable" por estas donaciones opacas, que califica de "financiación ilegal". Esta figura, la financiación ilegal de los partidos, sin embargo, no está tipificada como delito -se espera que lo esté tras la reforma del Código Penal en trámite en el Congreso-, por lo que propone juzgar a los ex dirigentes populares por un delito fiscal.

Ruz tampoco propone llevar a juicio al PP por no declarar a Hacienda las donaciones de 2008, aunque lo cree "responsable" indiciariamente de un delito contra la Hacienda pública por no declarar estas donaciones, porque solo a partir de la reforma legislativa de 2012 -posterior a los hechos- se puede juzgar a partidos políticos como tales. Por tanto, propone juzgar a "quien actuara en ese momento como administrador o responsable legal de la formación política", que es el caso de Bárcenas, Lapuerta y Páez.

El juez, en cambio, sí considera al partido como tal "responsable civil a título subsidiario" por las donaciones no declaradas de 2008 y por el pago con dinero no declarado de las obras de su sede, lo que implica que llegado el caso debería asumir los importes correspondientes.