La ILP sobre la ley electoral catalana supera el debate de totalidad

Una de las grandes asignaturas pendientes de los partidos catalanes, la ley electoral autonómica, ha dado este jueves un posible -pero no seguro- paso adelante, después de que el pleno del Parlamento autonómico haya aprobado continuar tramitando la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que propone una futura ley electoral catalana. En el debate de totalidad de esta ILP, el pleno ha rechazado por una muy amplía mayoría la única enmienda a la totalidad, presentada por el PP catalán, con el voto en contra de los grupos de CiU, ERC, PSC, ICV-EUiA, C's, la CUP y de la diputada no adscrita Marina Geli.

Superado este trámite, los grupos de la Cámara autonómica deberán proponer comparecencias de expertos, que intervendrán en la comisión específica sobre esta ILP. El paso siguiente sería elaborar el texto de la ley, para finalmente debatirlo y votarlo en el pleno.

El trámite de hoy, no obstante, no significa necesariamente que la ley electoral catalana esté cerca. De hecho, la ILP ha llegado al pleno del Parlamento autonómico cinco años después de haberse empezado a tramitar parlamentariamente en febrero de 2010, tras obtener 90.000 firmas de ciudadanos, superando con creces el mínimo exigido de 50.000.

Los trabajos sobre la ILP, de hecho, avanzaron a buen ritmo en su etapa inicial, y el 19 de abril de 2010 ya se publicaron las enmiendas a la totalidad presentadas al proyecto. Es decir, la enmienda del PP que se ha rechazado hoy, exactamenbte cuatro años y 10 meses después.

La ILP sobre el boom inmobiliario, aun pendiente

Esta no es la única ILP que se eterniza en el Parlamento autonómico. La de medidas urgentes para la vivienda -impulsada por las juventudes de UGT en el apogeo de la burbuja inmobiliaria, antes de que estallara la crisis, y que propone aumentar por ley el porcentaje de viviendas protegidas en los nuevos planes urbanísticos-, se empezó a tramitar en junio de 2008, y el debate de totalidad se celebró el mes pasado.

En contraste, la ILP más celebre desde que existe esta figura en Cataluña (2006), la que propuso prohibir las corridas de toros en Cataluña, tuvo una carrera fulgurante: se empezó a tramitar en 2009, tras presentar 180.000 firmas; en diciembre de ese mismo año se celebró el debate de totalidad -en votación secreta y muy disputada- y en julio del año siguiente se aprobó definitivamente la ley.

No obstante, teóricamente no deberían volverse a producir retrasos tan extraordinarios en la tramitación de las ILP, después de que, el año pasado, el Parlamento autonómico aprobara una modificación de la normativa de las ILP que obliga a la Cámara a celebrar el debate de totalidad un máximo de cuatro meses después de que empiece su tramitación.

La ley electoral, siempre propuesta y nunca aprobada

Aun más extraordinario es, no obstante, el retraso de la largamente propuesta y nunca elaborada ley electoral catalana. De hecho, Cataluña es la única Comunidad Autónoma que no tiene ley electoral propia, y se rige por la ley electoral general, de acuerdo con una disposición transitoria del derogado Estatuto de 1979 -que fue prorrogada por el Estatuto de 2006-, y que, en principio, debía regular únicamente las elecciones autonómicas de 1980.

En la década pasada, durante el segundo tripartito, hubo un momento en que pareció que finalmente llegaría la ley electoral catalana, después de que la Cámara empezara a debatir sobre una propuesta concreta, redactada en forma de articulado de ley, y encargada en 2007 por la Generalidad -concretamente, por la consejería de Gobernación, entonces dirigida por Jordi Ausàs (ERC), ahora condenado por contrabando de tabaco- a una comisión de expertos.

No obstante, y a pesar del acuerdo teórico -y retórico- de todos los grupos para sacarla adelante, la ponencia murió sin acuerdo en 2010. Primero, por un desinterés obvio del PSC; después, cuando finalmente los socialistas se sumaron a la iniciativa, por el bloqueo de CiU, consciente de que la ley electoral debe aprobarse por mayoría cualificada de dos tercios del Parlamento autonómico.

Paradójicamente, la ILP que hoy ha superado el trámite en el Parlamento autonómico arranca del texto de la comisión de expertos de 2007. Propone un Parlamento autonómico con una cifra variable de diputados, entre 120 y 150, dependiendo de la participación; circunscripciones que se correspondan con las veguerías aprobadas en 2010 -y pendientes del Gobierno-, listas "cerradas desbloqueadas", que permitan a los electores decidir el orden en la lista de algunos candidatos, y un sistema de elección proporcional, con una sola urna.