El Gobierno pone en marcha la impugnación de la consulta independentista alternativa

El Gobierno ha decidido recurrir la consulta independentista alternativa que promueve la Generalidad de Cataluña para el 9 de noviembre.

Un breve comunicado emitido este lunes por el Ministerio de la Presidencia señala que "el presidente del Gobierno ha recabado esta tarde al Consejo de Estado el informe preceptivo previo a la impugnación ante el Tribunal Constitucional del conjunto de actuaciones que ha puesto en marcha la Generalidad de Cataluña para la celebración el 9 de noviembre de una consulta bajo la denominación de 'proceso de participación ciudadana'".

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha solicitado además "que el dictamen sea emitido con carácter de urgencia para que se pueda autorizar, en su caso, el acuerdo de impugnación en el próximo Consejo de Ministros".

Impugnarán "todo el proceso", "toda la organización" del 9N

En declaraciones a los medios, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha reiterado que el Ejecutivo ha iniciado "los trámites de impugnación de todo el proceso del 9N, de toda la organización que está llevando a cabo la Generalidad de Cataluña para esa consulta alternativa".

"Consideramos que [la consulta alternativa] es contraria a la Constitución y que además perjudica los derechos de los catalanes porque no tiene una sola garantía democrática, y nuestra obligación es que se cumpla la ley y proteger los derechos de los ciudadanos", ha añadido.

El Gobierno estaba estudiando la impugnación

Horas antes, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, había avanzado que la decisión de impugnar el 9N podía ser inminente. Y este sábado, la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, había asegurado que el Gobierno no iba a "permitir un falso 9N, un referéndum sustituto o un referéndum sucedándeo". "El 9 de noviembre en Cataluña no va a haber ningún referéndum ilegal, ningún simulacro, ningún sucedáneo", reiteró.

De hecho, el pasado viernes, tanto Sáenz de Santamaría como el propio Rajoy señalaron que habían encargado la elaboración de un informe jurídico sobre las actuaciones que estaba llevando a cabo la Generalidad de cara a la consulta alternativa del 9N, y apuntaron a una posible impugnación.

Mas, en relación al 9N alternativo: "Sobre todo, tenemos que engañar al Estado"

Lo cierto es que, desde que Mas anunciase el pasado 14 de octubre la decisión de celebrar una consulta alternativa el 9N con el nombre de "proceso de participación ciudadana", todos los pasos que la Generalidad ha dado han ido encaminados a realizar una suerte de referéndum secesionista encubierto, que diversos juristas consultados por CRÓNICA GLOBAL califican de "fraude de ley" o "actuación material constitutiva de vía de hecho" por parte de la Administración.

En estas dos semanas, el Gobierno autonómico ha tratado de burlar a la justicia con todo tipo de artimañas, tal y como el propio Mas reconoció en las reuniones que mantuvo con el resto de partidos promotores del 9N. "Sobre todo, tenemos que engañar al Estado", reconoció abiertamente en uno de estos encuentros.

Mas recurre a todo tipo de artimañas

Las triquiñuelas de Mas no tienen precedentes, llevando a cabo todo tipo de actuaciones sin dejar rastro escrito de las mismas, con la intención de que no puedan ser recurridas, unas tretas que Rajoy tildó de "mezquinas".

De esta forma, y entre otros pasos, el Gobierno autonómico ha puesto en marcha una web informativa; ha captado decenas de miles de voluntarios; ha lanzado spots promocionales en televisión, radio y prensa escrita y digital; ha anunciado su intención de utilizar las mismas papeletas con las mismas preguntas que había diseñado para el referéndum secesionista original; ha dado instrucciones por e-mail a los directores de las escuelas para utilizarlas como colegios electorales; ha realizado ruedas de prensa para anunciar el despliegue de un amplio operativo logístico; ha cerrado acuerdos de colaboración con los ayuntamientos; e incluso se ha planteado convocar oficialmente la consulta horas antes del 9N para darle la máxima cobertura legal y dificultar su impugnación al Gobierno, una opción que -según fuentes consultadas por CRÓNICA GLOBAL- sigue valorando el presidente de la Generalidad.