La Generalidad trata de burlar a la justicia organizando el 9N mediante e-mails en vez de emitir resoluciones administrativas

La Generalidad sigue implementado todo tipo de artimañas para celebrar la consulta alternativa independentista del 9 de noviembre aparentando que se trata de un referéndum oficial pero sin aprobar actos administrativos que puedan ser recurridos por el Gobierno. Es lo que se conoce como "fraude de ley" -tal y como denunció este martes UPyD- o como "actuación material constitutiva de vía de hecho" por parte de la Administración.

El último de los pasos dados está enfocado a conseguir la colaboración de los ayuntamientos. Según recoge este viernes El País, en los últimos días, desde la Consejería de Gobernación han mandado un e-mail (o han realizado llamadas telefónicas) a los alcaldes de los 696 municipios menos poblados de Cataluña (con menos de 5.000 habitantes) reclamándoles una relación de locales municipales para ponerlos a disposición de la votación del 9N, así como una lista de las personas que se harán cargo de ellos.

Espacios municipales como colegios electorales

Se trata de municipios en los que no hay institutos públicos -que la Generalidad pretende utilizar como colegios electorales-, por lo que es necesaria la colaboración de los regidores para conseguir que haya puntos de votación en toda Cataluña, como pretende la Generalidad.

Los alcaldes de CiU -la mayoría- y los de ERC han colaborado activamente desde el primer momento, pese a las advertencias lanzadas desde la Delegación del Gobierno en Cataluña, en el sentido de que podrían incurrir en actos ilegales. Sin embargo, no todos los ayuntamientos gobernados por el PSC han sido tan diligentes y han recibido presiones desde la Generalidad.

Correos electrónicos en tono conminatorio

El viernes pasado, los siete delegados territoriales del Gobierno autonómico enviaron un e-mail a los alcaldes de su zona en el que advertían de que tenían que detallar el nombre del equipamiento municipal que cedían para el 9N, la dirección y el número máximo de mesas electorales que podrían acoger.

También les exigían el nombre y los datos personales del designado por el ayuntamiento para ejercer las funciones de "coordinador local" de la consulta, al que además exigían que se inscribiese como voluntario del 9N. El tono de los e-mails no era precisamente amigable, utilizando un estilo conminatorio.