Derechos lingüísticos en el Borne

Los pasados 19 y 20 de marzo tuvo lugar en Barcelona el Simposio Internacional sobre Derechos Lingüísticos y Cohesión Social en Sociedades Plurilingües. Tuvo lugar en una sala del Borne, acondicionada con ordenadores, pantalla, mesas y sillas para la ocasión.

El congreso lo organizaban el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, y la Asociación Internacional de Comisionados Lingüísticos (IALC). Los comisionados lingüísticos son las personas encargadas de hacer recomendaciones, monitoritzar y atender quejas sobre la política lingüística de una comunidad o país multilingüe. En Cataluña esta tarea le ha sido encargada al Síndic Ribó mientras que a nivel nacional esta figura no existe como tal, aunque algunas de sus funciones las realiza el Defensor del Pueblo. Podría existir un Comisionado Lingüístico propiamente en España, como sucede en Canadá, donde Graham Fraser es lo comisionado federal y cada provincia tiene, además, su propio comisionado provincial.

Graham Fraser es también el presidente de la IALC. Esta Asociación es muy joven; se constituyó el año pasado en Dublín, en el primer Congreso Internacional de Derechos Lingüísticos. Los miembros son los comisionados lingüísticos de algunos países y regiones de Europa, América y África: hasta ahora, se ha adherido Canadá, varias provincias canadienses, Irlanda, Irlanda del Norte, Gales, Kosovo, Finlandia, Sudáfrica y Cataluña. La IALC como asociación ha expresado su intención de ser activa, implementar investigaciones, organizar congresos y avanzar en un compendio de buenas prácticas en políticas lingüísticas.

Después del congreso de derechos lingüísticos de Dublín de 2013, Barcelona se ofreció a albergar el segundo congreso en el marco del Tricentenario. El título que se eligió tenía los términos ostentosos de siempre: a los derechos lingüísticos se le añadió la inevitable cohesión social y a este, el término sociedades plurilingües. Tal cual: Derechos Lingüísticos y Cohesión Social en Sociedades Plurilingües.

Respecto al público, se reunieron unas cien personas, la mayoría de las cuales eran funcionarios de la Secretaría de Política Lingüística de la Generalidad y otros departamentos afines. Todos convencidos y aburridos de oír siempre lo mismo, por lo que prácticamente no hicieron ninguna pregunta. Ante ellos sentaban los ponentes nacionalistas que participaban en las diversas conferencias El segundo grupo en cantidad lo formaban comisionados lingüísticos y expertos extranjeros, de los que había unos 25. Finalmente, el tercer grupo lo formábamos unos siete asistentes críticos que, en turnos, conseguimos estar presentes a todas las sesiones.

No hubo falta de dinero público para la ocasión. Todos los asistentes fuimos agasajados con un almuerzo copioso y una comida de pie con camareros uniformados pasando entre la gente con bandejas de pollo al curry y cocas de escalivada. La cerveza era, como no podía ser de otro modo, Moritz, y en primer plano, las botellas conmemorativas de 1714. Todo esto en el escenario del Borne. ¿Se puede hablar de los derechos civiles de los ciudadanos en un ambiente donde todo desprende exaltación patriótica?

No, no se puede. Ni había ninguna intención de hacerlo. Todos los ponentes catalanes eran nacionalistas convencidos, y algunos de ellos bastante extremistas, por lo que sus intervenciones fueron todas business as usual.

¿Qué se dijo en las ponencias?

Ningún ponente habló de los derechos lingüísticos de los ciudadanos de Cataluña porque hablar realmente de derechos lingüísticos en Cataluña implica hablar de que hay unos derechos no garantizados, los derechos de todos aquellos que también queremos utilizar el español en el espacio público, tanto si es nuestra lengua materna como si no lo es. Y de esto no se habla nunca porque se finge que esta vulneración de los derechos de los hablantes del español no existe.

En el ejercicio orwelliano de siempre, lo que nos explicaron los ponentes nacionalistas fue que los derechos lingüísticos vulnerados eran los de los hablantes del catalán. La primera ponencia, en consonancia con el escenario, trataba sobre 300 años de agravios al catalán. Uno detrás de otro. Pero no hubo suficiente. En el turno de preguntas, Isidor Marí, presidente de la Sección Filológica del Instituto de Estudios Catalanes, ponente en el congreso y nacionalista del grupo extremista, puntualizó que el ponente se había dejado algunos agravios por mencionar, que explicaría él con mucho gusto.

El resto de las conferencias de los ponentes catalanes trataban de las quejas presentadas por hablantes del catalán que han visto vulnerado su derecho a usar a esta lengua, por ejemplo, con un guardia civil de La Jonquera. O trataban de lo muy necesarias y exitosas que son las medidas de promoción del catalán, convirtiendo un modelo pro-monolingüismo y basado en la obligación en la vanguardia de la promoción respetuosa y efectiva de una lengua minoritaria. Una gran parte de toda esta operación estaba al servicio de convencer los invitados extranjeros.

Otro tema recurrente , en la misma línea victimista de siempre, eran los supuestos incumplimientos del Gobierno español en la promoción y protección del catalán. La resistencia -en algunos casos- del Gobierno del PP a aceptar el plurilingüismo en España ocupó mucho tiempo pero la resistencia del Gobierno autonómico catalán a aceptar el bilingüismo en Cataluña ni se mencionó.

Respecto al término cohesión social, que no estaba en el título del congreso del año anterior en Dublín, y fue añadido expresamente por la oficina del Síndic este año, no se mencionó ni una sola vez durante el congreso en el Borne. Es el término vacío sin ninguna sustancia de siempre que queda muy bien para dar cobertura progresista y democrática al proyecto lingüístico nacionalista pero que no se refiere a nada en absoluto. Están tan acostumbrados los nacionalistas a emplear el término cohesión social como coletilla a su política lingüística sin que nadie cuestione nada que no se preocuparon por decir algo al respecto durante el congreso. Se podía haber discutido qué relación hay entre los derechos lingüísticos y la cohesión social, por ejemplo, o si la política lingüística de Cataluña incide en una mayor o menor cohesión social. Nada de todo esto; ningún ponente tenía nada a decir sobre la cohesión social realmente. Sólo es un término que suena bien. Si lo examinamos bajo la superficie de lo que se nos dice -o más bien, no se nos dice- vemos que, paradójicamente, la cohesión social que se pretende no es la que se entiende comúnmente, como la igualdad de oportunidades, la posibilidad de promoción personal o la gestión efectiva de la pluralidad y de la diversidad social sino que la cohesión social nacionalista es la búsqueda de la uniformidad y la homogenización. Pero de esto no se habló. El término se limitó a aparecer en el título del simposio.

Finalmente, la última parte del título del congreso hacía referencia a las sociedades plurilingües. El término plurilingüe es muy últil para no tener que referirse a la situación real: el bilingüismo. Cataluña no es una comunidad plurilingüe sino bilingüe. Pero la palabra bilingüe no fue expresada por ninguno de los ponentes catalanes. Los únicos que hablaron de bilingüismo -además de plurilingüismo- fueron los ponentes extranjeros. El comisionado federal canadiense Graham Fraser no dudó en calificar a Canadá como un Estado bilingüe, así como lo hicieron los dos comisionados provinciales canadienses presentes en el congreso, respecto a sus provincias. También la comisionada galesa admitió que Gales era una comunidad bilingüe, y también lo expresó el Comisionado finlandés respecto a su país. Pero los ponentes catalanes no dijeron nunca que Cataluña es bilingüe. Si se tiene que hablar otras lenguas en Cataluña además del catalán, se habla del árabe, y el chino, y el urdu, ah, sí, y el español también. Esta parece ser la función del término plurilingüismo en el discurso nacionalista: es la manera de diluir la importancia del español en Cataluña.

Se evidencia algo de la pluralidad de Cataluña

Así, el congreso del Borne fue una operación propagandística. Pero esta vez algo de la pluralidad de Cataluña se evidenció en el congreso, en contra de las expectativas de los organizadores. Un grupo de unas siete personas pudimos estar presentes con la idea de hacer preguntas incómodas ante los discursos de autosatisfacción de los ponentes. Las preguntas del público eran por escrito y en cada sesión hicimos llegar cuatro o cinco preguntas sobre los derechos de los castellanohablantes en Cataluña. Todas las preguntas iban en la línea de "¿no cree que la imposibilidad de usar el español en la administración, la escuela y los medios públicos vulnera los derechos de los ciudadanos de Cataluña?". Todos los ponentes hicieron lo imposible por negar cualquier vulneración de derechos, pero allá quedaban las preguntas. Cuando se leyó la primera, se sintió un murmullo de desconcierto en la sala. A la quinta pregunta incómoda, ya nos identificaron como grupo.

El día después del congreso, el viernes 27, se llevaba a cabo una jornada de trabajo en la oficina del Síndic con todos los comisionados lingüísticos extranjeros, una sesión técnica que estaba también abierta al público. La pluralidad de la sociedad también se hizo patente aquel día cuando representantes de la Asamblea por un Escuela Bilingüe (AEB) recibieron a los asistentes a la jornada técnica, al volver de comer, con una pancarta de grandes dimensiones que reclamaba una educación bilingüe en Cataluña.

A esto se añade que a la conclusión, el comisionado finlandés, en su discurso final, dijo que se había evidenciado que en Cataluña había oposición a la política lingüística de la Generalidad. A pesar de esto, dijo a sus anfitriones que están haciendo un gran trabajo en la promoción del catalán. Ningún ponente extranjero, como era de esperar, por otro lado, hizo ninguna crítica pública a la política lingüística de la Generalidad, pero en los discursos de algunos se veía claramente cómo su posición y las políticas que impulsan en sus países son diametralmente opuestas a las del Gobierno autonómico. En el otro extremo se encontraba el representante del Consejo de Europa, Sigve Gramstad, que se quiso congraciar con los organizadores y fue tan lejos como usar datos erróneos para mostrar simpatía con el modelo de inmersión. Pero fue la excepción.

En conclusión, es lamentable ver como en Cataluña no se puede llevar a cabo un congreso que hable realmente de derechos lingüísticos y buenas prácticas en política lingüística, que permita un diálogo libre con expertos extranjeros, que analice los temas de manera técnica y con una voluntad efectiva de garantizar los derechos lingüísticos de todos los ciudadanos. Esto es imposible aquí. Cuando se trata de lenguas, todo queda siempre en una fastuosa operación de propaganda, regada con dinero público que, para estas ocasiones, no es nunca escaso.