Rigau agita el fantasma de la conspiración

La consejera de Enseñanza, Irene Rigau (CiU), ha defendido este viernes que "el debate del bilingüismo ya está superado" y que las últimas reclamaciones de más de 150 familias responden, a su entender, a una "estrategia global que ya hace tiempo que alguien ha diseñado" para caminar hacia un "Estado más centralizado".

Rigau, en un entrevista para Els matins de TV3, ha afirmado que el hecho de que las instancias se hayan presentado ahora, y no a inicios de curso, representa un "golpe de presión" a la Generalidad, contra el que, de todos modos, no espera dar su brazo a torcer:

"Este mandato que tenemos, por el cual hemos presentado recurso, afecta a casos individuales, a que se ha llegado mediante un proceso largo y judicial. Por lo tanto, la respuesta primera que tendrán estas familias […] será la de que hay que aplicar la ley de Cataluña. Así lo hemos hecho siempre".

"Nosotros esperamos que pudiendo hablar activemos el diálogo y la atención a estas familias para que valoren y tengan presente la oferta que ya tienen ahora y evitar su judicialización", ha indicado la consejera, quien insiste en que "no hay que confundir el mandato que tenemos de actuar sobre 5 casos particulares con el cambio de normativa de Cataluña".

El castellano como "supuesto derecho"

Rigau ha confirmado lo que ya se ha venido anunciando estos días, esto es, que la Generalidad interpondrá un recurso a la sentencia del TSJC para retardar al máximo su aplicación. "Y esperamos que tenga efecto para que los centros no tengan que aplicar esto durante un mes", ha añadido.

La dirigente convergente ha declarado abiertamente que "queremos evitar" lo que la presentadora ha calificado de riesgo de "espiral de reclamaciones" a raíz de este precedente. "Tenemos que evitar que el resto" de alumnos de una clase "tenga que asumir la estrategia solicitada por uno", "tenemos que hacer aflorar el papel de todos", ha apuntado.

"Lo que queremos es por encima de todo fortalecer la convivencia en el clima escolar", ha asegurado Rigau, quien ha citado el caso de la Comunidad Valenciana como modelo a rechazar. "Para que todo el mundo pudiera tener su supuesto derecho", ha comentado, "tenía que pedirse y se te autorizaba, o no, la línea en valenciano. Ahora llevamos mucho tiempo en que no se autorizan líneas en valenciano. Por tanto, no se puede ir por esta vía, a nuestro entender, no podemos perder este patrimonio de convivencia".

"Estrategia global" contra el catalán

A pesar de las reiteradas ocasiones en que se ha apostado por lo contrario, por esta vez la consejera de Enseñanza ha aceptado que "la administración no puede practicar la insumisión, porque lógicamente tiene que administrar y cumplir las leyes". "Lo que sí tiene que hacer y es lo que estamos haciendo", ha advertido, "es recurrir siempre todas las sentencias, aquello que consideramos que vulnera la ley del Parlamento [autonómico] de Cataluña y el Estatuto y evidentemente buscar muchas estrategias que sean creativas", ha señalado.

La pretensión obvia es seguir "manteniendo el modelo" de inmersión lingüística obligatoria en catalán. De hecho, Rigau ha espetado que:

"El debate del bilingüismo ya está superado, está superado porque la lengua no sólo se aprende en la escuela, sino en los medios de comunicación, en la familia, en la sociedad… Este es un enfoque como muy anacrónico que llevamos muchos años arrastrando por parte de determinados sectores; ahora aflora judicialmente, pero resulta que socialmente el aprendizaje de las lenguas ya tiene muchos otros enfoques. Y lo que a nosotros nos compete es garantizar este dominio académico y social de la lengua".

Del habitual victimismo se ha pasado a la teoría de la conspiración, y a lo largo de la entrevista Rigau ha defendido que "esto forma parte de una estrategia global que ya hace tiempo que alguien ha diseñado, cuando se llega a la conclusión de que el estado plurilingüístico y plurilinacional está debilitando lo que para muchos es la nación española y la preeminencia del castellano".

Según la consejera, alguien quiere volver "al modelo del Estado más centralizado, al modelo España-nación. [...] A mí me costaría entenderlo de otro modo". Algo a lo que, por alusiones, la presidente del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, le ha respondido que "no busque más excusas, que cumpla la ley, que cumpla el Estatuto de Cataluña, y no el Estatuto que le gusta a ella".