La justicia debería parar el Tanatorio de Sants de Barcelona. Esa, claro, es mi humilde opinión, y serán los tribunales los que decidirán. Pero los magistrados deberían detener las obras de una nueva sala funeraria porque el Ayuntamiento de Barcelona se ha excedido. Es mi parecer, pero también el de otras personas que saben mucho más, como Jordi Rogent, exjefe de Patrimonio del consistorio. 

El arquitecto ha firmado un demoledor informe que desmonta punto por punto una inversión de la que si bien se puede debatir la idoneidad, está proyectada en el peor de los sitios. Rogent apunta a posibles problemas de movilidad, peligro sobre la calidad patrimonial de la nave que la acogerá, que es un bien protegido novecentista, y una planificación apresurada. El profesional se lleva las manos a la cabeza al recordar que el tanatorio, con al menos cuatro comitivas fúnebres al día, se sitúa a "menos de ocho metros" de un bloque de pisos. 

Las Administraciones parecen evitar esas verdades incómodas. Como si de Don't look up se tratara, Adif presentó la semana pasada [ver aquí] la muy esperada renovación de la Estación de Sants sin referencia alguna a la sala funeraria. El nuevo hub ferroviario entronca con los objetivos de sostenibilidad y potenciación del transporte público, pero nadie pensó en alertar de que junto a esa obra se estrenaría una colosal sala de velas.

Los "usos ciudadanos" (sic) de la nueva Sants se verán ensombrecidos por las constantes idas y venidas de comitivas funerarias. Nada que objetar en el debate de aflorar la muerte como un hecho natural de la vida, pero al menos no mientan la ciudadano. La nueva Estación de Sants no será ciudadana porque los ataúdes y los entourages de familiares taciturnos irán y vendrán. Y recuerden que Rogent alerta de que los coches fúnebres no cabrán, por lo que las cajas tendrán que entrar por la acera. De uso ciudadano, nada. 

La muerte es un hecho normal parte del arco vital, pero alguien en el ayuntamiento decidió que era aceptable mezclar el uso de final de vida puerta a puerta con los Castellers de Sants y las fiestas del barrio, en mitad de un camino escolar y junto a la entrada del nuevo pulmón verde de Sants, según explicó hace unos días la ministra catalana. La idea sería risible si no fuera porque al equipo de Marc Serra, concejal de los comunes que rige Sants-Montjuïc, le ha parecido bien. Inaudito. 

Por ello, creo que se impone un principio de limitación de daños. En el caso de Tanatorio de Sants, la justicia debería parar las obras, al menos temporalmente, para estudiar si su ubicación es adecuada. Para replanificar. Para cerciorarse de que la inversión se imbrica en el proyecto de ciudad que el gobierno municipal no para de vendernos, especialmente ahora que se acerca el momento en el que los vecinos tendremos que pasar de nuevo por las urnas y decidir si queremos los mismos gestores cuatro años más o deseamos otros rostros. 

Bajo mi punto de vista, el derecho de los vecinos al descanso, a no ver alterado el tejido de su barrio y a no ver sus viviendas devaluadas por la colocación de dos chimeneas funerarias frente a sus balcones prepondera sobre el de Funeraria San Ricardo a completar su inversión. El operador vinculado a Ocaso --¿dirá la verdad algún día sobre qué relación tiene con el gigante asegurador?-- tiene todo el derecho a entrar en el mercado funerario, pero debe hacerlo en igualdad de condiciones al del resto de players que ya están allí. 

Porque la operación canta. Serra y su equipo subrayan que "nada pudieron hacer" frente a una licencia reglada, lo que es válido para quien no siga la política municipal, pero no engaña a los que ya llevamos un rato en esto. El gobierno municipal, los distritos, tiene todo tipo de medidas para detener inversiones que no les gustan o que desequilibran el tejido urbano. ¿Recuerdan el Hotel Buenos Aires?, ¿el Hermitage?, ¿el Four Seasons?, ¿el hotel de Núñez y Navarro a 120 metros del ayuntamiento?, ¿la rehabilitación que propuso Vauras Investment en el mal llamado Bloc Llavors? Porque yo sí. 

En Sants, el ayuntamiento decidió no activar ese botón nuclear y permitir una inversión que desfigura el barrio. Con esas lecturas laxas de las normativas. Entendido. Fair enough. Pero al menos digan la verdad y no nos vendan proyectos de reforma urbanística cuyos mapas camuflan lo incómodo para las Administraciones. 

O aclaren el papel del ex primer ministro Manuel Valls en todo esto. ¿Por qué avaló el tanatorio? ¿Era también porque era una licencia reglada o hubo un cambio de cromos con el gobierno municipal u otros intereses? ¿Cuáles? Porque los concejales de distrito de BCN pel Canvi se situaban en el "no" y, de la noche a la mañana, el círculo de Valls les impuso el "sí". Queremos saber por qué fue. 

Visto lo visto, se impone el principio de limitación de daños. Habida cuenta de que los gobernantes no han sabido concitar consenso y planificar de forma eficaz, la justicia debería corregir esos desatinos. Pero dependerá de los togados. Ellos tienen la última palabra.