Desde el inicio del procés, una parte del independentismo de toda la vida, transversal y simpatizante de ICV, del PSC, incluso de ciertos ámbitos convergentes y republicanos, ha considerado oportunista al soberanismo surgido desde la cúpula de las instituciones autonómicas catalanas.

Le reprocha haber convertido en un nuevo movimiento nacional lo que en realidad no era más que un intento por asegurarse un comedero para quienes se habían acostumbrado al poder, una especie de Partido Revolucionario Institucional mejicano más pendiente de mantener el estatus de sus dirigentes que de pensar y desarrollar un proyecto político de país.

Pese a las evidencias del caso 3%, no han sido pocos los catalanes que se han sentido atraídos por las formaciones herederas del legado de Jordi Pujol y han mantenido su apoyo en las urnas, un auténtico fenómeno de mesianismo digno de estudio. Las escuchas telefónicas recogidas en el sumario de la operación Voloh ponen de relieve que ese mundo de excesos, tráfico de influencias y perversión del servicio público se ha extendido como una metástasis entre los socios de gobierno de los convergentes.

Al margen de las consecuencias penales que puedan derivarse de la instrucción judicial, el contenido de las grabaciones tiene una enorme repercusión política en Cataluña porque su difusión desnuda a un país caciquil, de presiones y favores, que chupa de las instituciones, del que se aprovecha un establishment que vive a lo grande dentro y fuera de sus fronteras. Recuerda más a la España del franquismo y a las disputas de las familias del régimen que a cualquiera de las etapas del denostado régimen del 78.

No es de extrañar, pues, que Gabriel Rufián ponga en manos de la justicia la filtración de sus conversaciones. Me temo que no lo hace por el contenido de lo que ya conocemos, sino por lo que sospecha que se le puede venir encima estando como estamos a tres meses de las elecciones autonómicas. ERC debería ir pensando en revisar aquel eslogan sobre la honradez de sus casi 90 años de historia --no será el primer partido que lo haga-- cuando un traficante de influencias como Xavier Vendrell, sin cargos en el partido, hace negocios en su nombre y conspira con sus diputados sobre la capacidad de la cabeza visible del republicanismo y en estos momentos presidente en funciones de la Generalitat.

Tiene todo el derecho del mundo a protegerse, incluso debe hacerlo si resulta que es tan locuaz con el móvil como con los micrófonos, aunque quizá tenga menos suerte en este empeño que en el descuelgue del castellano como lengua vehicular de la ley de educación.

 

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