El 11 de diciembre pasado, Mohamed el Ghaidouni, presidente de la Unió de Comunitats Islámiques de Catalunya, compareció en la comisión del Parlament que investiga los atentados de Barcelona y Cambrils de agosto de 2017.

Dijo algunas cosas sustanciosas, como que Europa maltrata a los 40 millones de musulmanes que viven en su territorio y que en este país nuestro ocurren las mismas cosas. Por ejemplo, se quejó de que Lleida haya legislado contra el uso del burka cuando en Lleida no hay burkas y de que en la ciudad donde él vive, L’Hospitalet de Llobregat, si quiere abrir una mezquita tiene que hacerlo en un polígono industrial.

Terminó su larga exposición dirigiéndose a los diputados: “Ustedes son el problema; ustedes son la solución”.

Aquella sesión no mereció el interés de la prensa, aunque está claro que era importante. Pero ya se sabe, no siempre lo importante es interesante; y al revés.

El 29 de enero le tocó el turno a Hamid Barbach, secretario de la mezquita Annour de Ripoll. Sus palabras sí ocuparon espacios informativos porque explicó que la Policía Nacional había visitado el local dos veces preguntando por Abdelbaki Es Satty, el imán que luego resultó ser el cerebro de los atentados; y que también se había interesado por él por teléfono.

Jordi Munell, el alcalde de Ripoll, ha contado en la radio que ya no convoca a la “policía estatal” a las reuniones de la junta de seguridad municipal porque se siente traicionado. Asegura que si los agentes le hubieran explicado que tenían trato con el imán, o que sospechaban de él, la junta lo habría trasladado a los Mossos d’Esquadra y a la Policía Municipal, quienes lo habrían vigilado y quién sabe qué consecuencias habría tenido ese operativo. Cabe la posibilidad incluso de que se hubiera impedido el crimen múltiple. 

Preguntado el acalde por la ausencia de otro dirigente musulmán de Ripoll en la comisión parlamentaria del martes, explicó a la audiencia que la gente no siempre puede faltar al trabajo para comparecer en el Parlament; que hay muchas casuísticas que pueden justificar que, pese a haberse comprometido, al final no acudiera.

Es lógico que quiera tener un trato exquisito con los seguidores del Islam de su ciudad porque es un tema muy delicado. Las heridas no están cerradas: se sabe por las escuchas policiales --de los Mossos, que sí son de fiar-- que algunos de sus familiares consideran que los terroristas no hicieron nada malo; como se sabe también que el imán que actuó en el sepelio --¿de dónde salió?-- confesó a hermanos y padres que los muchachos estaban en el cielo.

Lo que no es tan lógico es que el alcalde se sienta engañado por una Policía Nacional que, con un ojo clínico deplorable, eso sí, trataba de utilizar a Es Satty como confidente. Cuando asegura que hubiera pasado esa información incluso a los agentes municipales de Ripoll, confirma que hicieron bien en no informarle porque habría sido una barbaridad sobre otra barbaridad.

Ni Munell ni los miembros de la comisión parlamentaria parecen haberse extrañado de que la comunidad musulmana de Ripoll admitiera a Es Satty, un hombre con antecedentes penales, como responsable de una mezquita después de haber sido rechazado en varias ciudades españolas y belgas.

Como era de esperar, lo único que trasciende de la citada comisión es lo que contribuye a echar sombras sobre la actuación de la “policía estatal”, que sin duda cometió errores de bulto: no puso la lupa sobre un personaje oscuro --del que sus colegas belgas le habían pedido referencias--, sino que intentó hacerlo suyo.

Y, lamentablemente, en lugar de ocupar su tiempo en investigar cómo pudo crecer un monstruo así en el corazón de la Cataluña catalana sin que nadie se percibiera o lo denunciara, vemos que una vez más una comisión parlamentaria se convierte en un arma arrojadiza contra el adversario. En este caso, “la policía estatal”.