“Porque serán catalanes, todos sus gastos, donde vayan, les serán pagados. Serán tan numerosos que la gente no podrá acogerlos a todos como huéspedes de sus viviendas, y se les ofrecerá el hotel, el más preciado regalo que se le pueda hacer a un catalán cuando viaja”.

Francesc Pujols

 

La cosa no llegará a tanto como bromeaba el filósofo, pero los catalanes que vivan en la República del futuro podrán disfrutar de un Estado riquísimo libre de cualquier problema financiero gracias a las nuevas vías de ingresos que estudian ya las mentes más preclaras del soberanismo académico.

Se trata de un sistema de pequeñas donaciones con las que eliminar, en primer lugar, el déficit público y, después, despejar el camino hacia los mercados de capitales donde el Tesoro Catalán pueda moverse con tanta solvencia como la mismísima Alemania.

En realidad, es algo muy sencillo.

Los nouvinguts procedentes de otras zonas de España podrán traducir su nombre de pila al catalán sin coste alguno, como ya ocurre ahora. Ferran por Fernando, sin problemas. El que quiera catalanizar o cambiar el primer apellido tendrá que hacerlo en el Registro Civil tras contribuir con 25.000 euros a las arcas públicas. Podrá usar Ferrandis en lugar de Fernández, por ejemplo; o bien elegir otro más nostrat, tipo Farrés. Adaptar el segundo apellido sería más barato: unos 15.000 euros.

Aunque, eso sí, el certificado de Catalán Viejo, que daría el pasaporte definitivo para la nueva sociedad libre, no bajaría de los 60.000.

Con esos avales, el ciudadano en cuestión podría aspirar a un puesto en la plantilla de cualquier empresa pública, hacerse policía --sin saltarse el examen de idoneidad ideológica, claro-- o trabajar para la Administración de Cataluña: ayuntamientos, sanidad, diputaciones, veguerías, enseñanza, puertos, aeropuertos, etc.

Adicionalmente, ocupar un cargo de alto nivel --estilo director general o subsecretario-- llevará una mochila consistente en el pago de 100.000 euros, eso sí con el puesto garantizado para dos legislaturas como mínimo. Otro tanto le sucederá a quien desee un acta de diputado para estar cerca de la elaboración de las leyes: 100.000 del ala por ocho años en la Cámara. Ser portavoz de grupo en alguna comisión parlamentaria supondría un recargo, según están calculando, del 20% aproximadamente.

Esas cantidades se ingresarían en la presidencia de la Generalitat, preferentemente en metálico, dado que los bancos han demostrado que no son de confianza para la causa. Ya no haría falta que los patriotas de pata negra se rascaran el bolsillo para contribuir a la caja de resistencia del Consejo de la República, como defiende ahora el conseller Jordi Puigneró, platillo en mano.

El esquema pretende poner en valor lo que supone ser ciudadano catalán, adquirir el auténtico pedigrí nacional y tener la posibilidad de medrar en su Estado. Y, de rebote, acabar de una vez por todas con el déficit público hasta ser el alumno más brillante de los burócratas de Bruselas.

Los catedráticos que trabajan en el borrador del proyecto --que se llamará casi con seguridad Nuevo Ascensor Social (NAS), según la documentación a la que ha tenido acceso este medio-- están convencidos de que la aplicación de estas medidas generará unos recursos más que suficientes para sanear la economía y de que, contrariamente a lo que sucedió en otras épocas históricas en las que se implementaron mecanismos semejantes, sus efectos serán un bálsamo social.