El Gobierno de la Generalitat decidió dar plantón este lunes a los 1.100 asistentes que acudieron a la gala de entrega del Premio Planeta. Ciertas voces del independentismo han aplaudido la decisión con las orejas. Al fin y al cabo, se trataba de otro gesto (¡benditos gestos!) del equipo de Quim Torra ante una compañía que es poco receptiva con el procés, que fue de las primeras en hacer las maletas y trasladar tanto la sede social como fiscal a Madrid y que denunció que había perdido un 25% de su facturación en Cataluña por la caída de consumo. Además, su número uno afirma ahora que la inestabilidad jurídica prosigue en el territorio, por lo que aún no puede iniciar un traslado societario en el sentido contrario, que reconoce como un “símbolo de estabilidad”. Un grupo “facha”, tal y como se reivindicó en la red entre los perfiles más radicalizados.

La decisión es de perfil político y llega tan sólo unos días después de que los dos socios del Gobierno catalán mostraran sus discrepancias sobre la estrategia parlamentaria que debe seguir el independentismo. El plantón a los Planeta fue una argamasa que unió a JxCat y ERC. Tanto la consejera de Cultura, Laura Borràs (JxCat), como el vicepresidente de Economía, Pere Aragonès (ERC), declinaron sus respectivas invitaciones.

Sus seguidores más acérrimos les aplaudieron, pero el plantón también implica un gesto descorazonador para la industria editorial en Cataluña. La Generalitat dio la espalda a sus protagonistas. A las más de 1.100 personas que participaron en una de las pocas galas de primer nivel que se quedaron en Barcelona en el momento de mayor tensión política y que un año después ha regresado puntual a su cita anual a la ciudad. Con la consiguiente actividad económica que se genera alrededor de un evento de este perfil.

Planeta es también la editorial responsable del 26% de los libros en lengua catalana. Es propietaria de Grup 62, el sello de referencia en este segmento. También de Seix Barral y Tusquets Editores, los nombres que situaron a Barcelona como una de las capitales clave en cultura literaria internacional. Este gigante entrega uno de los principales premios literarios desde 1952. Entre otros, lo han ganado Manuel Vázquez Montalbán (1979), Terenci Moix (1986), Maruja Torres (2000) y Rosa Regàs (2001). Esta última forma parte del jurado que en esta edición ha reconocido el trabajo de Santiago Posteguillo y ha posado ante los medios con un pin de la bandera republicana.

El plantón a una empresa que se categoriza como mala desde una óptica política representa, en el fondo, un tiro en el pie. La Generalitat hizo un feo mayúsculo a una firma líder tanto del ámbito cultural como desde el punto de vista productivo de Barcelona. No es el único en los últimos tiempos. A finales de septiembre, el presidente Torra también esquivó el gran acto político-empresarial que tuvo lugar en la ciudad para reivindicar de forma definitiva la puesta en marcha de las obras del Corredor del Mediterráneo.

En aquella ocasión, el líder independentista aseguró ante los medios que Cataluña sólo podría disponer de los recursos disponibles para construir la vía si se separaba de España. No hizo ningún comentario sobre una cuestión clave en el proyecto: confirmar si en este escenario recibiría también las ayudas financieras de la Unión Europea (UE). Tampoco era su intención. Sus declaraciones querían demostrar que ese no era su ámbito. Que la Generalitat se siente más cómoda entre las pymes y comerciantes de Pimec que en un foro con ejecutivos de la banca o de grandes compañías. Aunque esta patronal sí participara de forma activa y entusiasta en la reivindicación de una infraestructura que impulsará la actividad económica local.

La Generalitat insiste en discernir entre empresas buenas y malas, y programar su agenda institucional bajo este criterio. Tiene como asignatura pendiente reconocer que las empresas se mueven básicamente por posibilidades de actividad y que el apoyo gubernamental a los principales focos de negocio y de generación de riqueza es básico. Otro gesto. En este caso, para recuperar la ansiada estabilidad jurídica que reclamaba el presidente de Planeta, José Creuheras, para mover de nuevo la sede social y fiscal del grupo hasta Cataluña.