La justicia española tuvo ayer un mal día. Una jornada mejorable en lo que se refiere a la reputación de uno de los poderes públicos sobre los que se estructura la democracia en España. Se llevó dos revolcones desde el exterior --el caso Valtonyc acabará en Estrasburgo, mientras el Tribunal de Derechos Humanos ha reconocido que España vulneró los derechos de Arnaldo Otegi al juzgarlo-- y acabó la jornada sumido en una nueva crisis por la resolución de la polémica de las hipotecas que ha encendido las alarmas.

Muchas son las críticas y los intentos de sacar réditos políticos a esta situación. ¿Cómo va a contestar el Tribunal Supremo a quienes le acusan de plegarse a los intereses de la banca? Los argumentos concretos que ha usado el pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (concretamente, de 15 de los 28 magistrados) se conocerán en los próximos días, cuando se publique el contenido de la resolución. Pero ya ha calado en la opinión pública el patosismo con el que se ha gestionado la crisis.

Que un cambio de criterio en el pago del impuesto de AJD iba a tener un impacto limitado para la banca era de sobras conocido. Las entidades han hecho negocio desde la noche de los tiempos por dejar dinero a cambio de una compensación, este es su objetivo fundacional. Por lo que a nadie se le escapaba que si tenía que asumir el devengo de esta tasa lo compensaría con otra de las condiciones del préstamo. Incluso algunas voces aseguraban que sería más beneficioso para sus intereses.

Nunca se llegará a conocer, ya que los jueces de lo Contencioso-Administrativo decidieron cambiar el criterio de las últimas sentencias sobre la materia y mantener el ordenamiento actual.

Lo hacen semanas después de que el propio presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, pidiera perdón de forma pública por la gestión del caso. El magistrado aseguró que no había recibido presiones (“llamadas”) por parte de los grandes banqueros del país para asegurar que se daría marcha atrás con la medida y mostró de forma abierta sus discrepancias con el presidente de la sala tercera, Luis María Díez-Picazo. Criticó que convocase un pleno para revisar una jurisprudencia que no compartía. Su mea culpa terminó con otro dardo contra la credibilidad del tribunal.

Se debe reconocer la valentía de Lesmes al admitir de esta forma que a veces el Supremo también se equivoca. Pero estos errores no son aceptables por el calado de sus decisiones. Ya sea al resolver un conflicto en que están en juego 5.000 millones de euros, el impacto de la devolución del AJD de los últimos cuatro años que calculó el Ministerio de Hacienda, o en el caso del 1-O. El Supremo hace frente al juicio a los independentistas catalanes que promovieron el referéndum ilegalizado en Cataluña en uno de los momentos más bajos de su credibilidad. Algo que es malo tanto para el tribunal como para la democracia en general.