La elección de Laura Borràs para presidir el Parlamento catalán buscaba, a la larga, agitar el avispero y generar una mayor tensión política y mediática. Porque cuando Junts propuso a Borràs para el cargo, esta ya estaba inmersa en un proceso judicial de posible corrupción de su etapa al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). La justicia decidirá si existe o no delito, pero, en cualquier caso, la designación de la filóloga para el cargo ya contemplaba un escenario de inhabilitación ideal para mantener vivos el conflicto y el discurso victimista de los independentistas radicales. Y en ese escenario debe encuadrarse el último numerito de la presidenta de la Cámara: “No me voy, soy inocente”.

Como se esperaba, Borràs echó mano de los tópicos del argumentario independentista para aferrarse al sillón, como la “represión”, la “persecución política”, el “acoso judicial”, la “degradación democrática” y el hecho de que se cierne sobre ella la sospecha de corrupción por el simple hecho de ser quien es y representar al independentismo, el único movimiento “democrático” del mundo, por supuesto. Además, deslizó que la Guardia Civil ha creado un informe ad hoc para incriminarla. Total, que es “inocente”, que no ha “cometido ningún delito” y que tampoco tiene “ninguna intención de dar un paso al lado”. No faltaron los reproches velados a la oposición y, sobre todo, a ERC, que no ha salido a defenderla en este caso, más bien al contrario, ya que espera que dimita cuanto antes. No por ahora.

Pero vayamos por partes. Laura Borràs no es “inocente” como ella defiende porque hay indicios de que algo pasa. Tampoco es culpable, porque ningún juez se ha pronunciado al respecto todavía. En todo caso es “presuntamente inocente” o “no culpable” hasta que se demuestre lo contrario. La verdad es que el caso no pinta muy bien para ella, pero son los tribunales los que tienen todas las piezas del rompecabezas y los que han de determinar si es legal el hecho de trocear contratos para favorecer a un amigo. Y la afirmación de que no ha cometido ningún delito también está en manos de los magistrados. Desconocer la ley no exime de su cumplimiento.

Borràs, sin embargo, no contenta con esa retahíla de tópicos victimistas, falseó parte de su discurso y omitió asuntos sustanciales de la trama con el único fin de hacer creer que su relato es tal y como lo cuenta. Por ejemplo, no es cierto que su caso se pueda enmarcar en lo que ella entiende como “represión” contra el independentismo, porque aquí lo que se juzga es un posible delito de corrupción ajeno al procés. Tampoco es cierto que sea una causa contra su persona, como declaró ante los medios, pues hay más investigados. Ni que la Guardia Civil haya ido aquí en un sentido contrario al de los Mossos d’Esquadra. Y tampoco mencionó que trató de modificar los artículos del reglamento del Parlament que regulan el cese de los diputados investigados por corrupción.

La lista completa de olvidos de su discurso la detalla este miércoles María Jesús Cañizares. Pero, a estas alturas, tampoco sorprende nada de lo que diga y haga Borràs. Recordemos que, por la mañana, llama “opresor” al Estado y, por la tarde, se saca una plaza de funcionaria y se asegura un sueldo vitalicio de ese Estado, el español. Una crack, sin duda, como la calificó el líder del PPC, Alejandro Fernández.