La magnífica intervención del gobernador del Banco de España en la comisión de reconstrucción del Congreso de este martes sugiere de alguna manera la posibilidad de que el Parlamento Europeo constituya una comisión de investigación sobre la gestión de Jean-Claude Trichet al frente del Banco Central Europeo (BCE). Concretamente, lo que se podría estudiar es la cadena de errores que cometió durante la recesión que se había iniciado en agosto de 2007 en Estados Unidos a causa de las hipotecas basura y que tanto daño hizo en Europa.

Las equivocaciones del BCE contribuyeron a que aquel desastre se convirtiera en una crisis fiscal que llevó a la intervención de tres países europeos y al rescate financiero de España con graves consecuencias inmediatas en términos de empleo y pensiones, por ejemplo. Y repercusiones a más largo plazo de una profundidad de un cálculo imposible.

El Covid-19 ha demostrado que la sanidad pública es un sector estratégico y que los recortes que sufrió a partir de 2011 dejaron una cicatriz que ahora hemos pagado en contagios, pérdidas de vidas humanas y gasto urgente desmesurado.

La obsesión por la inflación instigada desde Alemania entre las autoridades europeas hizo que Trichet subiera los tipos de interés en agosto de 2008, poco antes de la quiebra de Lehman Brothers. Tres años después, volvió a encarecer el precio del dinero; dos veces, además. Y, en paralelo, la Unión Europea continuó con su férrea disciplina fiscal y sus hombres de negro.

Hoy, cuando la lucha contra la pandemia ha obligado a llevar a la economía a un coma inducido, en palabras de Josep Borrell, el Alto Representante de Política Exterior de la UE, el BCE de Christine Lagarde ha hecho todo lo contrario. Su rápida respuesta facilitando liquidez ha conjurado el riesgo de una crisis de deuda. Lo mismo ha pasado con Bruselas, que ha buscado fórmulas en la misma línea: incremento del presupuesto comunitario en un 5% y apoyo a los esfuerzos nacionales por dotar de recursos, de hasta el equivalente a un 22% del PIB europeo, a sus empresas.

En esa línea se manifestaba el gobernador Pablo Hernández de Cos cuando sugería que se mantengan los ERTE donde haga falta más allá del estado de alarma, así como las ayudas sociales a las familias necesitadas. El endeudamiento ha pasado, felizmente, a un segundo plano. Entonces, la pregunta sería: ¿ante quién deben rendir cuentas Trichet y quienes como él cometieron aquellos graves errores?

Es evidente que nadie reclamará en serio una comisión de investigación en el Parlamento Europeo porque de crearse y de analizar a fondo lo que ocurrió se estarían socavando los cimientos de la construcción de la Unión Europea.

Salvando las distancias, es lo mismo que quieren hacer en el Congreso de los Diputados quienes defienden una comisión para saber si Felipe González tuvo alguna relación con los GAL. Usan la información de un diario británico sobre archivos de la CIA como pretexto para poner sobre la mesa de operaciones el cuerpo de lo que ellos llaman el régimen del 78, y abrirlo en canal. El primer objetivo es quien ocupó la presidencia del Gobierno durante 13 años, pero en la lista de espera está José María Aznar --incluso Adolfo Suárez si viviera-- y, por supuesto, los que han ocupado la jefatura del Estado.

Hablan del GAL, pero se refieren al Estado al que quieren destruir. Es una opción lícita, probablemente, pero estaría bien conocer de forma transparente cuál es la propuesta de futuro y la alternativa que ofrecen a los españoles. Si España fuera una República y pilláramos al presidente con las manos en la masa, ¿cambiaríamos la Constitución para proclamar una Monarquía?