El pacto fiscal entre ERC y los comuns que se espera que sea la antesala del acuerdo presupuestario en Cataluña para 2020 ha abierto el debate en la región sobre quién sale más perjudicado de la revisión al alza de las tasas. Discusión a la que también se debe añadir politiqueo, el de la eterna lucha entre los partidos en el Govern en el que Pilar Rahola ha llegado a asegurar que el plan previsto “castiga a las clases medias” por la revisión del IRPF en una declaración que se debe interpretar como otro alegato a favor de las tesis de JxCat (en este caso, de Puigdemont) y que roza el ridículo.

La verdad es que ni el vicepresidente de Economía, Pere Aragonès, ni la formación liderada por Jéssica Albiach se han atrevido --o no han podido-- introducir una modificación real en la cotización de los ricos. El tipo que afecta a los salarios de más de 175.000 euros se mantendrá en Cataluña en el 25,5%. No hay ningún cambio en este sentido y todos los anuncios que ambos partidos (y sus palmeros) han hecho respecto al cambio de paradigma que implica el pacto suscrito se quedan en ideología pura.

Solo se modificarán en los dos tramos anteriores, que afectan a los que obtienen una renta de entre 90.000 y 120.000 euros, que tributarán dos puntos más, hasta el 23,5%; y las que oscilan entre 120.000 y 175.000 euros, que llegarán al 24,5%. Es decir, un punto más que hasta ahora. Y, seamos claros, recibir unos ingresos anuales que se mueven en estos porcentajes no se puede categorizar con la etiqueta de clase media.

Subir entre uno y dos puntos el tipo autonómico no es para rasgarse las vestiduras y tampoco sustenta la teoría de que se obligará a contribuir más al Estado del bienestar al que más recibe. Demagogias aparte, lo único que implicará es dar una imagen exterior de que Cataluña es un territorio con una fiscalidad alta. Hecho que incidirá más en la desigualdad impositiva con otras autonomías del Estado y que dará más atractivo al modelo que se aplica al principal competidor en cuanto a dinamismo económico de Cataluña, Madrid. ¿Propiciará la pérdida de inversiones por el capítulo de retribuciones a los altos directivos? No es necesario ser naif, será otro de los elementos a tener en cuenta en la toma de decisiones sin llegar a ser definitivo.

Cuestión aparte es la revisión al alza del Impuesto de Sucesiones en el que, si se llega a poner negro sobre blanco los anuncios hechos al respecto, sí que pagarán el pato las clases medias.

En medio del debate ideológico sobre qué es ser o no ser rico en la sociedad actual se ha aplicado la máxima de que las masas hereditarias de más de 200.000 euros, vivienda habitual aparte, serán las que más deberán pagar. Y, en un territorio en el que entre el 15% y el 20% de las familias dispone de una segunda residencia, es fácil llegar a este nivel. Y no, no son personas ricas. El grueso de ellos son trabajadores que han ahorrado para este fin y cuyos herederos se deberán rascar el bolsillo de un forma desproporcionada, de nuevo, en comparación a otras autonomías. Los que puedan, trasladarán su patrimonio fuera de la comunidad tal y como advierten los fiscalistas catalanes. 

La revisión de tasas que se intentará aplicar en los presupuestos de 2020 catalanes es una mezcla de populismos, incidir en la deslealtad entre territorios de España en materia fiscal y cierto optimismo por lo que puede suponer de ruptura de los bloques que el procés ha impuesto en el Parlament. Al final se pagará más en uno de los momentos más sensibles de cualquier persona, la pérdida de un familiar y el magma burocrático que va añadido a ello.

Pero, para que se llegue a incluir en las cuentas públicas el acuerdo presupuestario el pacto debe llegar a buen puerto. Y esta discusión se debe abordar con un ojo puesto en Barcelona y otro en Madrid.