Una de las características más genuinas y sorprendentes del proceso de agitación de masas en pos de la independencia de Cataluña que se inició bajo la dirección de Artur Mas en 2012 es el papel de los empresarios. Su escandaloso silencio se convirtió con el paso de los años en una complicidad suicida no exenta de cierta simpatía inconfesable de fondo, pero en la que dominaba básicamente la cobardía, el temor a enfrentarse a políticos con los que mantenían relaciones de compadreo.

Llegados los graves acontecimientos del 2017, algunas de las grandes corporaciones catalanas no tuvieron más remedio que marcar distancias con unas instituciones que llevaban al país hacia el precipicio y unos personajes que, tal como era previsible, dieron con sus huesos en la cárcel.

El relato nacionalista quiere presentar al jefe del Estado y a “su familia” como los muñidores de aquella fuga de empresas. Deben pensar que son suficientemente lerdas como para no medir las consecuencias de quedar fuera del ámbito del euro, no saber contar los depósitos bancarios huidos del territorio o las repercusiones de permanecer mudas ante el portazo al mercado donde radica la mayor parte de su negocio.

Pero hay que reconocer que a los ideólogos del procés no les faltan motivos para tener en esa baja consideración a los empresarios locales.

Después de todo lo que hemos vivido en estos últimos años volvemos a tener muestras de esa falta de coraje frente a quienes no respetan las normas y arrollan los derechos de la mayoría. Es lo que ocurre ahora mismo en la Cámara de Comercio de Barcelona, donde activistas de la ANC han tomado el control gracias a un sistema electoral trucado que durante décadas sirvió para que los de siempre conservaran el poder en la institución y que ellos han sabido manejar para sorpresa de todo el mundo.

Solo un hombre, José María Torres, da la cara frente a los desmanes de Eines del país, la candidatura encabezada por Joan Canadell que ha puesto la Cámara al servicio de la independencia. Torres, que era el candidato de la patronal Pimec –de simpatías claramente nacionalistas--, es el único que se opone con firmeza y claridad a la manipulación constante.

Los representantes de los grandes grupos empresariales catalanes se limitan a ausentarse de las votaciones para eludir la complicidad con las medidas que impulsa Canadell –consultar a los empresarios sobre la respuesta a la sentencia del 1-O, sobre la declaración de persona non grata de Felipe VI; la modificación del censo electoral para que solo figuren los activistas (sus bases)-- o, como máximo, votar en contra. No quieren la confrontación, evitan que sus nombres aparezcan en los titulares; siguen acobardados.

¿Se puede considerar empresarios de verdad a los que no defienden los intereses de sus compañías frente a quienes los ningunean y utilizan de esa manera? ¿Qué hacen en la Cámara de Comercio si no son capaces mantener su postura con la misma energía que sus adversarios? ¿Qué pintan ahí?