Puede ser una obviedad, pero Barcelona en Comú es un partido de gobierno. Lo es desde que, en 2015, Ada Colau, una activista antidesahucios, accedió a la alcaldía de Barcelona. En otras ciudades como Madrid o Cádiz, Podemos también irrumpió en los consistorios y en 2019 entró en el Gobierno español gracias al pacto de coalición con el PSOE.

Siete años son un período de gracia suficiente para auditar el Gobierno colauista, pues esa nueva política debería haber llegado a su mayoría de edad. Pero lo ocurrido ayer en Fira de Barcelona demuestra hasta qué punto los comunes se encuentran en campaña electoral permanente, radicalizada ahora ante la proximidad de los comicios municipales. El partido de Colau jaleó las protestas contra un congreso europeo inmobiliario organizado por la institución ferial, presidida por la propia alcaldesa.

Parece que la líder municipal de los comunes se ha tomado al pie de la letra eso de asaltar las instituciones. Porque una cosa es acceder democráticamente a un Gobierno, y otra, bendecir la invasión de un recinto ferial para acosar a empresarios que los comunes tratan como si fueran el enemigo público número uno. Nada que decir sobre el derecho a la manifestación de la Plataforma Antidesahucios y del resto de entidades que participaron en el asedio. Pero sí es censurable que una alcaldesa que ante los empresarios –ver jornadas del Círculo de Economía— asegura defender la colaboración público-privada anteponga sus apriorismos ideológicos a los deberes institucionales inherentes al cargo.

La protesta de ayer no tenía nada que ver con las huelgas que aprovechan el Mobile World Congress como gran altavoz para sus reivindicaciones laborales. Fue un boicot a un segmento de negocio, a un congreso demonizado por los comunes porque se anunciaba como Barcelona-Catalonia. Open for business. 

No se puede convertir en espectáculo una gestión municipal que, en temas de vivienda o seguridad, por poner dos ejemplos, se ha saldado con rotundos fracasos. No se puede gobernar a golpe de titular o de pancarta. Y mucho de actuación –electoral, obviamente— tiene la presencia de Podemos en el Consejo de Ministros. Lo hemos visto en proyectos impulsados por este partido como la ley trans o la ley del “solo sí es sí”. Los socios de Pedro Sánchez se empeñan en legislar como si no hubiera un mañana, añadiendo embrollo y burocracia a la defensa de derechos que ya están reconocidos o que solo requieren de reformas puntuales.

No es sostenible enmendar continuamente el ordenamiento jurídico. Lo acabamos de comprobar con la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual impulsada por la ministra de Igualdad, Irene Montero, que podría beneficiar a un violador condenado a nueve años gracias a la reducción de penas que contempla la nueva norma para los agresores sexuales. ¿Reducción? ¿Es eso posible? Pues sí. Tal como ha publicado Crónica Global, el Consejo Fiscal avisó de las nefastas consecuencias de la rimbombante ley, con la que Podemos pretendía dar respuesta a las violaciones grupales de La Manada. ¿Cómo ha podido ocurrir eso? Legislar en caliente conlleva ese tipo de disfunciones.