Un reciente artículo del periodista y presidente de Grupo Global de Medios (GMG) Gonzalo Baratech en Metrópoli sobre los pingües beneficios que arroja Cementiris de Barcelona (CBSA) ha generado algunas aclaraciones en forma de hilo de Twitter por parte del portavoz de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Coronas. 

Negro sobre blanco, Baratech detalla por qué CBSA es una máquina de facturar y arrojar excedente para la Administración local, bajo su punto de vista, evidentemente, mientras que el concejal --y miembro del consejo de administración de CBSA-- aporta diversas precisiones sobre precios y negocio funerario que apuntalan su postura. 

El debate desde el respeto a todas las posiciones es enriquecedor, aunque en este caso y en mi opinión parte de dos premisas defectuosas. Por un lado, sorprende que sea un concejal de la oposición de Barcelona el que conteste a la fiscalización de una empresa pública por parte de un periodista. No lo hace el polémico director general, Eloi Badia, sino un edil que debería --y el condicional no es inocente-- ejercer ese control del poder desde la representación pública.

El electo ha ejercido temporalmente de oposición al bipartito local y ello, por mucho que no desvirtúe el debate, sí lo condiciona. Es evidente. 

La segunda premisa es que Cementiris de Barcelona es una empresa históricamente mal gestionada y voraz. Ello son opiniones de quien firma, es evidente, aunque el track record de esta empresa pública lo avala. CBSA ha venido arrojando ganancias durante años, una tendencia que agudizó durante la pandemia del coronavirus, cuando se subió la tasa de conservación en plena cascada de fallecimientos. Fue un episodio vergonzante del que Crónica Global dio cuenta, pese a las excusas de la alcaldesa, Ada Colau. De nuevo, cabría ver si fuera un alcalde o alcaldesa de otro color político el que lo hubiera hecho. 

Sin contar el capítulo del horno crematorio portátil que Cementiris compró por un montante económico y, cuando llegó, los ataúdes no cabían. Por el camino, la sociedad se enemistó con Áltima, pese a que en la fase dura del coronavirus, el sector funerario echó el resto y tendió a la cooperación. 

Al año siguiente se bonificaron los panteones o nichos pijos, mientras que se mantuvo el sablazo al resto de huecos para recordar a los seres queridos. Ya en agosto, Cementiris desahució unas 300 hornacinas unilateralmente porque no las encontraba. No es algo nuevo, pues la sociedad pública ha venido haciéndolo de forma regular pese a que recibió un correctivo de la antigua Síndica de Barcelona porque perdió los huesos de un ser querido inhumado. 

Pero si algo dejó claro Maria Assumpció Vilà es que esta mercantil adscrita al andamiaje municipal erró, y mucho, cuando el pasado mandato gestionó mal un hundimiento de un bloque de nichos que acabó sepultando unos 350 fallecidos. La controller local apuntó a la falta de mantenimiento de los nueve camposantos públicos, y suerte que su oficina era un órgano administrativo, porque si llega a ser judicial más de uno quizás aún estaría enjuiciado.

Incluyendo tal vez a los miembros del consejo de administración de CBSA, de todos los partidos --también ERC, claro--, que velaron por el correcto funcionamiento financiero de una empresa pública --bien--, pero jamás se interesaron, parece, por cómo se reinvertían esos beneficios--mal--. Hasta que el cuestionable equipo gestor de Jordi Valmaña avaló que una retroexcavadora entrara a mezclar los restos que dejó el hundimiento.  

El abogado Miguel Durán comparó aquel desastre con el del Yak-42 en Turquía. Esas son sus expresiones. Pero lo cierto es que nadie dio explicaciones en sede judicial --una querella que pilotó el célebre letrado acabó en nada-- y las familias acabaron en el olvido más absoluto y desesperadas con Valmaña y los suyos. 

De un tiempo a esta parte, se ha puesto orden a CBSA, es cierto. La empresa ha acometido reformas al por mayor tras años siendo cicatera en esta materia, como detalló la Síndica. No es para menos, pues Cementiris opera en régimen de monopolio la cremación e inhumación en la ciudad de Barcelona. Tiene un negocio cautivo que jamás se detendrá.

Por eso sorprende ese guante de seda con los desmanes de la firma pública y la mano de hierro con la prensa que la controla.