'Caso Carmen Cabezas': queremos saber por qué

Ignasi Jorro
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Parte de la sanidad catalana ha lanzado una campaña en defensa de los cuatro cargos del Departamento catalán de Salud imputados por el juzgado de Instrucción número 17 de Barcelona por presuntamente cometer delito al discriminar a agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en la vacunación contra el coronavirus. La revuelta de batas blancas ha tomado como referencia a una de las investigadas, la secretaria de Salud, Carmen Cabezas, y ha adoptado la etiqueta en redes #16milionsderaons para reivindicar la gestión de la alto cargo y rechazar su citación judicial. 

Los profesionales sanitarios que se han sumado a la iniciativa, y que no son pocos, aducen que la doctora Cabezas y sus compañeros desempeñaron una labor encomiable de inmunización de la ciudadanía, fuerza pública incluida. De aquí lo de los 16 millones de razones: serían las inoculaciones totales a la población autonómica.

En efecto, el trabajo de la facultativa y mando de Salud fue encomiable, y aquí se ha dejado por escrito. La labor de la consejería en este campo fue, a grandes rasgos, correcta. Mucho más que el trabajo que se hizo con, por ejemplo, la desastrosa activación del radar Covid; la mejorable gestión de las ayudas a los afectados por las restricciones --como los autónomos--; los erráticos cierres y reaperturas del ocio nocturno; la calamitosa implementación del pasaporte Covid --¿recuerdan lo de la república digital?-- o la adquisición de material sanitario, que acabó con un revés de Antifraude, por citar varios ejemplos. La gestión del Govern con el virus dejó campo de mejora en muchos aspectos. En la vacunación menos que en otros. Y ese éxito se lo llevan la doctora Cabezas y sus compañeros. 

Pero lo que ahora está a debate no es si su gestión fue buena, mala, correcta o mejorable. Lo que un juzgado tratará de ver es si hay indicios de delito en la discriminación que la Consejería de Salud practicó contra policías y guardias civiles en el terreno de la vacunación. Porque hubo discriminación, como concluyó la jurisdicción contenciosa del TSJC y confirmó el Tribunal Supremo. En Cataluña se discriminó a Policía Nacional y Guardia Civil en comparación con otros cuerpos a la hora de vacunar. Eso es así, porque los tribunales lo han establecido. 

Ahora, alguien, dos sindicatos policiales, Jupol y Jucil, piden ver si esa marginación fue delito. Un juzgado ha admitido su escrito a trámite y ha citado a cuatro personas como investigadas, incluyendo a la doctora Cabezas. De nuevo, lo que no está sobre el tapete judicial es juzgar su gestión, sino si hubo responsabilidades penales en el hecho de que alguien decidiera que se vacunara antes a policías municipales y Mossos que al CNP y a la GC. 

A los críticos con esa cuádruple imputación les asiste parte de razón cuando dicen que el episodio es poco edificante. Pone lunares en la gestión de Salud. Y que hay 16 millones de razones para pensar que se vacunó bien en Cataluña. Pero es que sus argumentos quedan rebasados por los de los afectados, que son la parte social de la policía y el instituto armado, que piden saber si hubo delito en relegarlos a una segunda fase. 

Y nadie dice que fuera por motivos políticos o ideológicos. Alguien en Salud tomó la decisión de que los dos cuerpos no eran tan prioritarios para vacunar como Mossos y policías locales, quizá por no efectuar labores de seguridad ciudadana. Esa decisión se explicó mal, o estuvo mal fundamentada, y provocó una lesión de derechos fundamentales de los agentes de cuerpos nacionales. Punto. Eso es irrebatible. 

Determinar si ese menoscabo fue delictivo parece tan importante como reivindicar que en Cataluña se vacunó, en líneas generales, bien. Lo que es más: algunos insensatos podríamos defender ambas cosas. Que en el territorio la vacunación funcionó, en líneas generales, bien, pero que el episodio de la inmunización de policías y guardias civiles en Cataluña fue inexplicable, por no decir bochornoso. Y quizá delictivo, si así se concluye en sede judicial. 

Por ello, creo que se impone aclarar en los tribunales todo el episodio. Que se expongan las razones de cada uno y que se diga por qué se vacunó más tarde a algunos policías que a otros. Y que se determine si hay elementos indiciarios para enviar todo el procedimiento a juicio. En la vacunación de Guardia Civil y Policía Nacional queremos saber por qué, y no vale escudarse en muchas razones, por mucho que sean 16 millones.

Queremos los motivos reales, que se exponga la cadena de decisión y que se diluciden las responsabilidades de cada uno acorde a su cargo en ese momento. Por el bien del sistema sanitario.

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¿Quién es... Ignasi Jorro?
Ignasi Jorro

Ignasi Jorro (1982), periodista de Crónica Global, especializado en empresa y salud