Xavier Salvador opina sobre la huelga de profesores
La huelga de la convicción
"El paro escolar del primer día de curso no resuelve un conflicto laboral enquistado ni mejora el sistema educativo catalán. Vuelve a colocar sobre las familias y los alumnos el coste de un problema que maestros y Govern han sido incapaces de cerrar"
El curso escolar empieza el 8 de septiembre en Cataluña. Y empieza sin clases.
No es un detalle menor. La huelga se convoca para el primer día. No para el segundo, ni para octubre, ni para cuando se considere agotada la negociación. La fecha está escogida con precisión: el 8 de septiembre es el día en que todas las familias miran hacia la escuela. Si se pretende presión, no hay mejor escaparate.
Conviene recordar entonces dónde quedó el conflicto antes del verano.
Dos mil setecientos veintiséis millones de euros. 2.726 millones, por si la cifra escrita con letras disimula su tamaño. Ese es el volumen que alcanzó el acuerdo negociado entre marzo y junio para mejorar las condiciones del sector. Incluye mejoras salariales progresivas, más de 6.000 dotaciones de personal, 5.000 cátedras de secundaria, recuperación de derechos recortados y una actualización del complemento autonómico que llevaba un cuarto de siglo congelado.
No parece exactamente la nada.
CCOO y UGT aceptaron el acuerdo inicial. Después llegaron nuevas mejoras. Aspepc lo avaló. USTEC lo sometió a consulta y sus bases lo tumbaron. Ahí empieza lo interesante.
Porque USTEC reconoce que las movilizaciones han conseguido avances. Lo dice el propio sindicato: salarios, estadios, estabilidad, burocracia, ratios y plantillas. "Estas mejoras no han caído del cielo: las hemos ganado", proclama ahora.
De acuerdo. El problema es que, después de ganarlas, hay que seguir en huelga.
![Iolanda Segura, portavoz nacional de Ustec, sindicato mayoritario de los colegios públicos de primaria](["https:\/\/a2.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/asociados\/564303.jpg?p=w:320\/h:240&h=Tk4gkuY_"])
Max Weber distinguió entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. La primera juzga los actos por la pureza de los principios que los inspiran. La segunda obliga a responder también por sus consecuencias.
El sindicalismo que convoca la huelga del 8 de septiembre parece haberse instalado confortablemente en la primera.
Sus reivindicaciones contienen asuntos perfectamente razonables: reducir ratios, reforzar la educación inclusiva, mejorar las infraestructuras o aumentar los recursos. También exige destinar a Educación el 6% del PIB. Pero, tomadas en conjunto y sin un umbral que permita determinar cuándo se ha avanzado lo suficiente, dejan de ser un pliego negociador para convertirse en una definición ideal del sistema educativo.
Y contra un ideal se hace muy difícil negociar. Siempre falta algo.
La Assemblea Educativa lo resumió involuntariamente con una frase estupenda: "Las pequeñas propuestas no cambian el día a día de las aulas". Pequeñas. Los 2.726 millones deben de ser calderilla educativa.
El curso pasado hubo 23 jornadas de huelga durante el primer semestre. La presión sindical contribuyó, junto con la negociación, a conseguir mejoras importantes. La pregunta elemental es qué objetivo concreto persigue ahora la jornada número 24 que permita saber, algún día, que el conflicto ha terminado. La respuesta no tranquiliza demasiado.
Iolanda Segura, portavoz de USTEC, sostiene que la huelga del 8 de septiembre ya no puede evitarse, pero que una negociación permitiría impedir "lo que pueda venir después". Es una formulación curiosa. La huelga deja de ser el último recurso después del fracaso de una negociación y pasa a ser la entrega inicial de las siguientes huelgas.
El paro como calendario, puro y duro.
Nada de esto absuelve al departament. Al contrario. Que la consellera Esther Niubó haya dejado enfriar durante semanas la interlocución con el sindicato mayoritario teniendo septiembre a la vuelta de la esquina es una irresponsabilidad. La última reunión se produjo el 13 de julio. Quien gobierna tiene la obligación de mantener abierta la mesa incluso cuando al otro lado encuentra maximalismo, desconfianza o ganas de manifestarse.
Para eso gobierna.
Pero hay un dato bastante más incómodo que toda esta discusión laboral: en julio, la OCDE publicó una radiografía demoledora del sistema educativo catalán. Entre 2012 y 2022, Cataluña perdió 38 puntos en comprensión lectora, el mayor descenso entre las comunidades autónomas participantes. En 2012, el 15% de los alumnos catalanes de 15 años no alcanzaba el nivel básico de lectura. Diez años después era el 29%. En matemáticas, los alumnos con bajo rendimiento pasaron del 20% al 29,4%.
Uno de cada tres, prácticamente.
Y la OCDE advierte de algo todavía peor: el deterioro parece estructural. La pandemia pudo agravarlo, pero no lo explica. Esta debería ser la emergencia educativa catalana.
Resulta llamativo, sin embargo, que el debate público alrededor de la escuela gire obsesivamente sobre los recursos que entran en el sistema y bastante menos sobre los resultados que salen de él. Discutimos el PIB, las ratios, las horas lectivas, las plantillas y los complementos. Todo importa. Pero en algún momento habrá que preguntar también por qué nuestros hijos leen peor.
Treinta y ocho puntos peor.
No recuerdo 23 huelgas por eso.
Y aquí reaparece Weber.
La ética de la responsabilidad obliga al Govern a poner recursos, negociar y mejorar las condiciones de quienes enseñan. También obliga a los sindicatos a preguntarse por las consecuencias de sus decisiones y a reconocer que un acuerdo no puede medirse comparándolo eternamente con el mundo perfecto.
Y debería obligarnos a todos a recordar quién es el sujeto de la educación. No es el departament. Tampoco USTEC. Es el alumno.
El 8 de septiembre ese alumno volverá al colegio y encontrará una huelga convocada para defender una escuela mejor. Quizá convendría empezar por conseguir que, cuando entre en ella, aprenda más.
Porque un maestro puede conservar intacta su convicción con el aula vacía. El alumno, mientras tanto, sigue perdiendo puntos.
