Xavier Salvador opina sobre la infiltración de agentes de Mossos d'Esquadra en asambleas de docentes
¿Y si los Mossos vigilan a los maestros, qué?
"El problema de fondo sigue siendo el mismo desde 2017: quién considera legítima a la policía y cuándo"
Cataluña tiene una relación peculiar con el escándalo: no depende tanto de lo que ocurre como de quién lo hace. Esta semana lo hemos vuelto a comprobar con la indignación desatada por la presencia de agentes de los Mossos d’Esquadra en asambleas docentes donde se preparaban protestas y movilizaciones.
Los mismos sectores políticos que durante años normalizaron dinámicas de presión institucional, desobediencia calculada y utilización partidista del espacio público descubren ahora, de forma súbita, una sensibilidad exquisita ante cualquier actuación preventiva de la policía autonómica. El problema, al parecer, no es tanto la vigilancia como quién vigila y a quién.
Conviene introducir un matiz esencial que demasiados prefieren ignorar. En una democracia liberal, la inteligencia policial no es una anomalía ni un pecado original. Todas las democracias maduras disponen de mecanismos de información preventiva cuando existen riesgos reales de alteración grave del orden público. La cuestión relevante no es si esa labor debe existir, sino bajo qué límites, controles y criterios de proporcionalidad se ejerce.
Confundir vigilancia preventiva con persecución ideológica no solo es intelectualmente deshonesto; revela hasta qué punto una parte de la política catalana sigue atrapada en la lógica emocional del procés. Como si cualquier intervención policial vinculada a determinados ámbitos sociales fuese, por definición, sospechosa de autoritarismo.
Max Weber recordaba que el Estado moderno solo existe allí donde el monopolio legítimo de la fuerza deja de pertenecer a las facciones para convertirse en patrimonio común. Esa sigue siendo la cuestión de fondo: ¿los Mossos trabajan para todos los catalanes o únicamente para quienes se consideran moralmente legitimados para decidir cuándo la policía actúa correctamente?
El doble rasero resulta difícil de ocultar. Durante años, determinados partidos denunciaron como “represión” cualquier infiltración policial relacionada con el independentismo radical o las movilizaciones posteriores a la sentencia del procés, al tiempo que exigían comprensión hacia episodios de tensión que deterioraron gravemente la convivencia y la neutralidad institucional.
La experiencia del otoño de 2017 debería haber dejado una enseñanza elemental: la pasividad de los poderes públicos ante dinámicas de polarización extrema no desactiva el conflicto, sino que suele agravarlo. Julien Freund advirtió de que quienes pretenden negar la existencia del conflicto terminan casi siempre radicalizándolo.
Por eso resulta razonable que los cuerpos policiales intenten anticipar situaciones susceptibles de derivar en episodios de tensión social. No porque los docentes sean sospechosos —conviene decirlo con claridad—, sino porque la Administración tiene la obligación de conocer el clima real de movilización cuando determinados colectivos adquieren capacidad de presión pública significativa.
![El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en una imagen de archivo en Barcelona](["https:\/\/a2.elespanol.com\/cronicaglobal\/2026\/02\/19\/politica\/1003742734177_15965780_320x180.jpg"])
Lo verdaderamente llamativo es que algunos de los partidos hoy escandalizados apenas mostraron semejante preocupación cuando gobernaban la Consejería de Educación y el profesorado denunciaba precariedad, pérdida de poder adquisitivo y deterioro de recursos. Su defensa repentina de los maestros parece menos una convicción profunda que una oportunidad política.
En el fondo persiste una concepción preocupante de las instituciones: la policía es legítima cuando acompaña la causa propia y sospechosa cuando actúa con autonomía. Ese fue uno de los grandes errores del procés y una de las razones por las que la fractura catalana alcanzó niveles tan destructivos.
Los Mossos d’Esquadra no están para proteger sensibilidades ideológicas concretas ni para participar en batallas identitarias. Están para garantizar orden, seguridad y convivencia dentro del marco legal. Y eso incluye —aunque incomode a algunos— tareas preventivas sobre movilizaciones potencialmente conflictivas.
La verdadera defensa de la educación pública catalana no pasa por convertir las asambleas docentes en escenarios de agitación política permanente, sino por garantizar que los profesionales de la enseñanza ejerzan su labor con dignidad y estabilidad, libres de instrumentalizaciones partidistas.
El Estado de derecho es imperfecto, desde luego. Pero sigue siendo infinitamente más saludable que esa vieja tentación catalana de dividir las instituciones entre propias y enemigas según convenga al clima político del momento.
