Imagen de archivo de Jordi Pujol, expresidente de la Generalitat
Exonerar no es absolver
"Será en esa sentencia [la de sus hijos] donde, de algún modo, la sociedad obtenga una aproximación a lo que pudo haber sido el desenlace penal para el 'expresident'"
La decisión de la Audiencia Nacional de exonerar a Jordi Pujol del juicio por la fortuna oculta en Andorra no es, ni de lejos, una absolución.
Conviene subrayarlo desde la primera línea, porque el matiz no es menor: exonerar por incapacidad no equivale a declarar inocente.
Lo que ha hecho el tribunal es constatar, a la vista de los informes forenses, que el expresident no se encuentra en condiciones de ser juzgado.
Es decir, que no puede ejercer su derecho de defensa con plenas garantías. Y en un Estado de derecho, ese límite no es negociable. Ni para un ciudadano anónimo ni para quien presidió la Generalitat durante más de dos décadas.
Aquí no hay privilegios.
De hecho, si algo ha caracterizado esta causa han sido unas dilaciones difíciles de justificar en términos de eficacia judicial.
El tiempo —ese factor silencioso que todo lo erosiona— ha jugado un papel determinante. Y no en favor de la defensa, sino en contra de la posibilidad misma de enjuiciar al principal investigado.
El deterioro cognitivo de Pujol no aparece de la noche a la mañana: es el resultado de los años, pero también de un proceso que ha llegado tarde. Demasiado tarde.
Por eso, más que hablar de una exoneración en términos de alivio o beneficio, cabe entenderla como una consecuencia inevitable de la propia lentitud del sistema.
El tribunal no ha hecho una excepción. Ha aplicado la norma que se aplicaría a cualquier otro acusado en idénticas circunstancias. Y, si acaso, la presión para que Pujol compareciera hasta el último momento ha sido mayor precisamente por su relevancia política y simbólica.
Otra cosa es la respuesta que queda pendiente.
Porque el juicio sigue. Y lo hace contra sus hijos, también acusados de integrar una supuesta organización criminal en el entramado de la fortuna familiar.
Será en esa sentencia donde, de algún modo, la sociedad obtenga una aproximación a lo que pudo haber sido el desenlace penal para el expresident. No en términos de condena directa, pero sí como reflejo del contexto en el que se construyó ese patrimonio.
No es lo mismo, pero tampoco es irrelevante.
Y es precisamente en ese punto —entre lo que el derecho ya no puede resolver y lo que la sociedad aún espera entender— donde la decisión del tribunal introduce un elemento de cordura que no conviene despreciar.
Voces como la de Salvador Illa habían apelado en los últimos días a la humanidad y al sentido común ante la imagen de un anciano visiblemente deteriorado declarando ante un tribunal.
Porque someter a una persona en esas condiciones a un juicio no solo tensiona los límites del Derecho, sino también los de la propia dignidad institucional. Más allá de la gravedad de los hechos investigados, hay escenarios que ninguna democracia debería normalizar sin preguntarse qué está proyectando de sí misma.
En paralelo, además, existe una dimensión que trasciende lo estrictamente jurídico. Jordi Pujol, a sus 90 y muchos años, ya fue sometido hace tiempo a una condena pública.
Su confesión en 2014 marcó un punto de no retorno en su trayectoria política y personal. Desde entonces, su figura ha quedado irremediablemente asociada a la sombra de la corrupción, con independencia de lo que dictara —o deje de dictar— una sentencia.
La exoneración, por tanto, no cierra el caso. Tampoco lo resuelve. Simplemente, lo desplaza. Lo saca del terreno penal en lo que respecta a Pujol y lo deja en manos del tiempo, de la memoria colectiva y de lo que determinen los tribunales para el resto de implicados.
Pero lo que está claro es que exonerar no es absolver, pero tampoco es suficiente para cerrar una historia...
