Cataluña no sufre sequía: sufre mala gestión

Hay cifras que no necesitan comentario. En España, entre el 22% y el 25% del agua que circula por las redes de distribución urbana se pierde antes de llegar al grifo, según el Instituto Nacional de Estadística y la propia Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.

Para hacerse una idea de la magnitud del problema: el consumo total de agua urbana en Cataluña ronda los 500 hectómetros cúbicos anuales. Es decir, una parte sustancial del agua que se capta, trata y transporta sencillamente se pierde por el camino.

Luego vienen las sequías. El marchitar de los jardines. Las restricciones. Las rogativas. Las campañas institucionales. Las elecciones anticipadas. Y, por supuesto, las promesas de desalinización.

Lo que no llega nunca es lo básico: arreglar lo que ya existe.

Mantener una red hídrica en condiciones debería ser una obligación elemental de cualquier gobierno. Pero no lo es. Recuerdo a un alcalde que confesaba que el mayor déficit de su ciudad era la red de alcantarillado, pero que ningún antecesor se había atrevido con el asunto: lo que se entierra se ve poco y no da votos.

Ese razonamiento —tan local como universal— explica buena parte del fracaso catalán.

Porque aquí no falta información. Ni diagnósticos. Ni planes. Lo que falta es decisión política para asumir costes que no se traducen en rédito inmediato. Y eso, en una administración fragmentada y electoralmente cortoplacista, es casi una sentencia de aplazamiento indefinido.

Cataluña acaba de salir —provisionalmente— de una de las sequías más severas de su historia reciente. A principios de 2024, los embalses del sistema Ter-Llobregat cayeron por debajo del 16% de su capacidad. Hoy están en niveles que hace un año parecían imposibles.

Y sin embargo, nada esencial ha cambiado.

No ha cambiado la red. No ha cambiado la estructura de gestión. No ha cambiado la lógica política.

Ha llovido. Y eso lo cambia todo… y no cambia nada.

El Govern ha activado planes, ha anunciado inversiones, ha proyectado desalinizadoras y ha fijado objetivos de reutilización. Sobre el papel, todo encaja. En la práctica, la ejecución real —especialmente en el ámbito municipal— sigue siendo limitada. El sistema proyecta mucho más de lo que construye.

Y aquí conviene dejar de hablar en abstracto.

Cataluña no tiene un problema de agua. Tiene un problema de gobernanza del agua.

Antes de buscar nuevas fuentes, debería dejar de perder las actuales. Antes de inaugurar infraestructuras, debería mantener las existentes. Antes de hablar de resiliencia climática, debería garantizar una eficiencia mínima.

Pero eso implica intervenir donde nadie quiere intervenir: en redes invisibles, en inversiones caras, en decisiones que no se inauguran ni se celebran.

El contraste es difícil de justificar. Mientras se aspira a un modelo hídrico sofisticado —tecnológico, diversificado, resiliente— se mantiene una infraestructura que pierde una cuarta parte del recurso. Es como anunciar la digitalización de una economía sin garantizar el suministro eléctrico.

Hay además una cuestión política de fondo que rara vez se afronta. La gestión del agua en Cataluña está fragmentada en más de 900 municipios. Eso dispersa la inversión, complica la planificación y, sobre todo, diluye la responsabilidad. Nadie manda del todo. Nadie responde del todo.

Y en ese vacío, el problema se cronifica.

Nadie pierde elecciones por una fuga que no se ve. Pero todos pagan sus consecuencias: en la factura, en las restricciones y en la sensación —cada vez más evidente— de que el sistema reacciona tarde y mal.

La sequía no ha sido solo un fenómeno climático. Ha sido un test de gestión. Y Cataluña lo ha aprobado por la vía más fácil: esperando a que llueva.

El riesgo ahora es el de siempre. Que la urgencia desaparezca con las nubes. Que la política vuelva a mirar hacia otro lado. Que el problema siga enterrado, literalmente.

Porque el verdadero problema no es que falte agua.

Es que se gestiona mal.

Y eso, a diferencia de la lluvia, sí depende de alguien.