El precio de construir una nación

Cuenta la leyenda que, durante una visita a Madrid a finales de los años 90, Pujol se quedó sorprendido por la ampliación del metro de la capital.

“¡Vaya red de metro están construyendo!”, le espetó el president a su homólogo madrileño, el popular Alberto Ruiz Gallardón.

Y este le contestó: “Es que, como nosotros no tenemos que construir una nación, nos dedicamos a construir el metro”.

Esta anécdota, verosímil, pero probablemente apócrifa, es la mejor explicación del caos que estos días sufren los usuarios de Rodalies en Cataluña.

Durante décadas, el nacionalismo que ha gobernado esta comunidad y ha condicionado varios Gobiernos e innumerables presupuestos generales del Estado ha priorizado construir una nación a mejorar la vida de sus ciudadanos.

Los problemas en Rodalies no son ninguna novedad. De hecho, los retrasos y los cortes en las Cercanías ya fueron utilizados por el independentismo en diciembre de 2007 para organizar una gran manifestación en Barcelona con el lema “Somos una nación y decimos basta. Tenemos derecho a decidir sobre nuestras infraestructuras”.

Aquella marcha –que contó con el apoyo de las formaciones nacionalistas y del expresidente autonómico Pasqual Maragall (PSC)-- es considerada por algunos analistas como la precursora de las posteriores movilizaciones independentistas que, con la crisis económica en pleno estallido, desembocaron en el procés.

De aquella época es también el català emprenyat (el catalán cabreado) que concibió el periodista Enric Juliana desde las páginas de La Vanguardia, y que tanta gasolina echó para cimentar el sentimiento de agravio en buena parte de la población.

Pero los trenes nunca estuvieron, en realidad, entre las principales preocupaciones de los partidos nacionalistas. Las masas que viajaban en los vagones de Cercanías jamás fueron vistos por Pujol ni, después, por Artur Mas como posibles votantes de su proyecto identitario. Así que simplemente fueron carne de cañón para sus planes de construcción nacional. Como ahora ocurre.

Nunca un Gobierno sostenido por uno o varios partidos nacionalistas ha estado contra las cuerdas por cuestiones tan prosaicas como mejorar las infraestructuras del territorio. Pero sí lo han estado por cuestiones identitarias. 

Hasta el prepotente Aznar pasó por el aro en 1998, cuando dependía de los votos de la CiU tras el infame Pacto del Majestic. Entonces, el presidente del Gobierno, para contentar a Pujol, tuvo que presionar sin contemplaciones al Defensor del Pueblo, Fernando Álvarez de Miranda, forzándole a no recurrir ante el TC la Ley de Política Lingüística aprobada ese mismo año. Y eso que el PP se había opuesto en el Parlament a un texto que institucionalizaba la discriminación de los catalanes castellanohablantes.

Hace muchos años que las Rodalies funcionarían como la seda si los nacionalistas catalanes hubiesen querido.

Por eso ahora no cuela lo de rasgarse las vestiduras por los trabajadores que hipotecan media vida en trenes que llegan tarde, mal o –a veces– nunca.