La tentación del atajo

Durante años, Nicolás Maduro se permitió dar lecciones de democracia a España. El mandatario venezolano, encarcelado estas últimas horas en Estados Unidos, criticó abiertamente al Gobierno de Mariano Rajoy por intentar impedir la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña. Para su régimen, aquello era “represión”, “autoritarismo” y “vulneración del derecho a decidir”.

El sarcasmo era obsceno, pero también útil: mostraba hasta qué punto el concepto de democracia puede retorcerse cuando conviene. Un dictador señalando a una democracia por hacer cumplir su propia legalidad constitucional. Y, sin embargo, muchos de los que hoy relativizan los atajos de poder aplaudían entonces —con mayor o menor entusiasmo— que el Estado español actuara dentro del marco de la ley, aunque el coste político y reputacional fuera elevado.

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Por antipático que resulte Maduro para la opinión pública internacional —y lo es con razón—, lo que ha hecho Donald Trump no es defender la democracia, sino tomarse la justicia por su mano. Sustituir el derecho por la fuerza, el procedimiento por la conveniencia y, en última instancia, el marco común por la decisión unilateral del más fuerte.

Y ese método debería incomodar incluso a quienes hoy celebran el resultado y prefieren no mirar el método.

Nadie en su sano juicio aceptaría que Estados Unidos resolviera el conflicto entre Ucrania y Rusia al margen del derecho internacional, o impusiera su solución en Oriente Próximo sin atender a reglas, tratados y organismos multilaterales. En esos escenarios, el atajo deja de parecer audaz y empieza a parecer peligrosamente arbitrario.

La pregunta es incómoda, pero inevitable: ¿por qué aceptamos fuera lo que no toleraríamos dentro?

El Govern llama a la "desescalada" y al "respeto al derecho internacional" tras la captura de Maduro

El paralelismo con el procés es inevitable. En 2017, España fue acusada de “autoritarismo” por defender su orden constitucional frente a un desafío secesionista unilateral. Se pidió diálogo, mediación internacional y flexibilidad legal. Se exigió que el poder se autolimitara, incluso cuando tenía fuerza suficiente para imponer su criterio sin miramientos.

Hoy, muchos de esos mismos discursos se evaporan cuando el actor fuerte es Estados Unidos y el objetivo es un régimen antipático. La coherencia, como casi siempre, queda para después.

Estamos peligrosamente cerca de asumir que la legalidad solo importa cuando protege causas simpáticas. Cuando no, estorba. Vamos, estamos ante el riesgo de interiorizar que el derecho es un lujo prescindible y que la democracia se mide por afinidades, no por reglas.

No es una discusión nueva. Ya advertía Montesquieu que “todo hombre que tiene poder se inclina a abusar de él; va hasta que encuentra límites”. La grandeza del Estado de derecho no radica en la pureza moral de quienes mandan, sino en la existencia de frenos que les impiden decidir por impulso, conveniencia o pura fuerza.

Cuando esos límites se saltan porque el objetivo parece justo, lo que se erosiona no es al adversario de turno, sino el principio mismo que protege a los más débiles frente al poder arbitrario.

Maduro se equivocaba cuando acusaba a España de autoritaria por hacer cumplir la ley. Pero no se equivocaba en una cosa: sabía que el poder, cuando se siente fuerte, siempre busca atajos.

Hoy algunos celebran que ese atajo lo tome otro, lejos y contra alguien antipático. Mañana quizá descubran que el camino corto ya no distingue entre causas justas y causas convenientes.

Porque cuando el derecho deja de importar, lo único que importa es quién manda. Y eso rara vez acaba bien.