Un agente de Policía Local controlando patinetes eléctricos y las bicicletas
¡Al cuerno con los patinetes!
"El problema no es el vehículo en sí, sino la falta de cultura vial y de control"
Era un domingo cualquiera en Montcada i Reixac, un municipio del extrarradio barcelonés. Un día perfecto para salir con la familia, tomar algo en una terraza y dar un paseo por la calle principal.
Sin embargo, lo que debería haber sido una tarde tranquila se convirtió en una auténtica gincana para esquivar patinetes eléctricos que hacían 'eses' entre familias con niños y personas mayores. Ninguno llevaba casco, muchos parecían menores y todos circulaban por zonas peatonales donde ni siquiera los coches tienen acceso. Siempre éramos los peatones quienes debíamos apartarnos, nunca ellos quienes reducían la velocidad.
Lo más preocupante no es el patinete en sí, sino la impunidad. La normativa estatal es clara: está prohibido circular con Vehículos de Movilidad Personal (VMP) por aceras y zonas peatonales, y el límite de velocidad es de 25 km/h.
Además, el Real Decreto 970/2020 prohíbe expresamente usar auriculares, ir dos personas en un mismo patinete o circular sin luces en horario nocturno. Los ayuntamientos pueden endurecer esta normativa (por ejemplo, exigir casco o seguro obligatorio), pero no pueden autorizar lo que la ley nacional prohíbe.
En Cataluña, además, existe una ordenanza modelo del Servei Català de Trànsit que recomienda a los municipios fijar edad mínima de 16 años, casco obligatorio y seguro de responsabilidad civil. Ciudades como Barcelona ya han incorporado sanciones más severas: prohibición absoluta de circular por aceras, obligación de casco, luces delanteras y traseras, y multas de hasta 500 euros. Es decir, la normativa existe y puede ser aplicada en cualquier municipio.
Sin embargo, en Montcada i Reixac —como en tantos otros municipios de la primera corona metropolitana y del resto de Cataluña— la falta de presencia policial y de persecución de estas conductas convierte esa prohibición en papel mojado.
La policía local admite que tiene recursos limitados y que su prioridad es atender emergencias o delitos graves; mientras tanto, la convivencia cotidiana se deteriora. El resultado: peatones que sienten miedo, vecinos que denuncian y un espacio público colonizado por conductores que confunden su VMP con un Fórmula 1.
Y no hablamos solo de incivismo: 25 km/h puede parecer poco sobre el papel, pero en una zona peatonal es una velocidad capaz de causar lesiones graves a un niño o a una persona mayor.
La escena es extrapolable a muchos otros municipios catalanes. Las policías locales, a menudo infradotadas de personal y medios, tienen dificultades para perseguir estas infracciones. Pero esta carencia de control genera una espiral peligrosa: más usuarios incumplen porque ven que “no pasa nada”, y cuantos más incumplen, más hostil se vuelve el espacio público para los peatones. Es el pez que se muerde la cola.
La solución no pasa por demonizar al patinete eléctrico. Es un vehículo útil y sostenible para desplazamientos cortos, siempre que se use con precaución y en los espacios habilitados para ello. En la misma tarde de domingo, mientras esquivábamos patinetes, un chico frenó en un paso de cebra para dejar paso a los peatones: un gesto que debería ser lo normal pero que, en este contexto tan hostil para el peatón, se convierte en la excepción. Ese detalle evidencia que el problema no es el vehículo en sí, sino la falta de cultura vial y de control.
Urge que los ayuntamientos y la Policía Local hagan cumplir la normativa —informando, controlando y sancionando— para recuperar el carácter peatonal de calles y puentes y garantizar la seguridad de todos.
La presencia policial no debería limitarse a perseguir delitos graves; también debe proteger la convivencia cotidiana y la integridad de los peatones. Más presencia disuasoria, controles aleatorios y sanciones visibles serían un primer paso para invertir la tendencia.
Los municipios de Cataluña deben ser ejemplo de convivencia, no circuitos de carreras improvisadas. Entendemos que los recursos policiales son limitados y que la prioridad sea perseguir delitos graves, pero ignorar estas conductas erosiona la calidad de vida y la seguridad vial cotidiana. Recuperar el espacio público para el peatón no es un capricho: es una obligación legal y un deber político.
