En la mayoría de los países civilizados, tener vivienda en propiedad acostumbra a ser un motivo de orgullo, incluso un signo generador de respeto. En España, en cambio, esta condición, actualmente, te convierte en un presunto delincuente.

Los problemas de un sector de la población para acceder a una vivienda digna y asequible ha puesto en alerta a los políticos. Y su reacción ha sido clara: antes de que los afectados nos señalen como responsables de la situación por inacción, apuntemos a los propietarios (pequeños, medianos y grandes, sin distinción) como culpables de todo.

Colau estuvo casi una década al frente del Ayuntamiento de Barcelona, al que llegó con la resolución de la falta de vivienda como principal promesa. Cuando los barceloneses la descabalgaron de la poltrona, el problema ya había alcanzado niveles dramáticos. Eso sí, la podemita se sacudió toda responsabilidad y, en vez de aceptar que apenas fue capaz de construir vivienda pública, acusó de su ineptitud a los malvados caseros.

El nuevo Govern, presidido por Salvador Illa, parece que también ha apostado por esa estrategia. Presionados por los Comuns, han decidido cercar a los propietarios con sanciones confiscatorias si no pasan por el aro.

Así, alquilar un piso sujeto al índice de precios más de un 30% por encima del límite establecido, no indicar la finalidad del contrato o cobrar el inquilino los gastos de la gestión inmobiliaria, se sancionará con una multa de entre 90.000 y 900.000 euros. Es decir, una sanción que puede suponer varias veces el valor del piso.

Pero también te pueden multar con entre 9.000 y 90.000 euros por no incluir en el anuncio de alquiler (o en el contrato) el precio del último contrato o el del índice de precios, o cobrar unos pocos euros más de lo que marca el índice.

Es razonable establecer sanciones que desincentiven el incumplimiento de la ley pero, en todo caso, deben ser proporcionales, y estas no lo son. Ya puestos, se podrían reinstaurar tormentos medievales para evitar la subida de los precios del alquiler, o algunos latigazos a los propietarios que no los bajen.

Lo que parece muy claro es que estas medidas, lejos de conseguir el efecto anunciado, probablemente generen justo lo contrario. Es posible que se contenga algo la subida de precios, pero es seguro que se retraerá la oferta, dejando fuera del mercado a miles de personas, principalmente a los jóvenes y los menos favorecidos.

Sorprende que los socialistas acepten entrar en este juego populista para no enfadar a los Comuns.