Guste o no, Repsol ha cumplido. La energética, que preside el catalán Antoni Brufau, avanzó que si la seguridad jurídica acompañaba, invertiría en Cataluña. Dicho y hecho. Ayer mismo, la cotizada anunció que construirá una planta capaz de transformar residuos urbanos en metanol renovable.
La actuación, de 800 millones de euros, será pionera en Europa. Y premiará la zona del Camp de Tarragona con una factoría que dará empleo a unas 2.800 personas, 340 de ellas sólo en la primera fase.
La Ecoplanta, tal y como le llama la compañía, cuenta con fondos europeos. Comenzará a operar en 2029.
Cabe recordar que el grupo pidió estabilidad fiscal para acometer un ambicioso plan de inversiones en España, dotado con hasta 1.100 millones de euros para Cataluña.
No en vano, el llamado impuestazo a las energéticas provocaba un sangrado constante a la firma. Sólo en espacio de dos años, en 2023 y 2024, Repsol pagó a las arcas públicas más de 800 millones de euros. Era la empresa más perjudicada.
En este contexto, el Gobierno trató de transformar un gravamen temporal en permanente. Una carga diseñada para paliar el impacto de la guerra en Ucrania iba a pasar a ser para siempre.
El tejido empresarial catalán reaccionó. La Cámara de Tarragona alertó de la posible pérdida de miles de empleos y del complejo químico de la provincia. El organismo cameral advirtió de que son los beneficios empresariales lo que ayudan a sostener proyectos para, por ejemplo, avanzar hacia la tan ansiada descarbonización.
Finalmente, el veto de Junts y PNV frustró la carga extra a las empresas del sector. Y las empresas volvieron a desempolvar sus planes de inversiones. Repsol, concretamente, concretó actuaciones inversoras en Tarragona, sí, pero también en Euskadi y Murcia.
Ahora, la cotizada ha cumplido. El consejo de administración ha dado el visto bueno a una Ecoplanta, lo que demuestra que en un contexto de seguridad jurídica y capacidad innovadora empresarial, la economía avanza. Y, con ello, se generan los tan necesarios puestos de trabajo.