Hace años, en pleno procés, personas de mi entorno cercanas al PSC me decían que era necesario incrementar la presencia del Estado (entiéndase, la Administración General del Estado) en Cataluña.
Insistían en que esa apuesta –una vez las aguas se calmaran– ayudaría a que la población visualizara de forma más sencilla las bondades de formar parte de España. Y eso favorecería la desmovilización del independentismo.
Ese aumento de la presencia del Estado en Cataluña –decían– podría traducirse en medidas como abrir una delegación del Museo del Prado en Barcelona, trasladar la sede de algún ministerio o del Senado a Cataluña, potenciar el centro de producción de RTVE en Sant Cugat, u otras similares.
Sin embargo, años después, ya con el PSC al frente de la Generalitat, la estrategia de los socialistas es diametralmente opuesta a la indicada. No sólo no ha aumentado la presencia del Estado en Cataluña sino que se reduce de forma paulatina.
Si hace unas semanas se cerraba al Ejecutivo autonómico el traspaso de las competencias en inmigración, ahora Illa ha conseguido el compromiso de que los Mossos asuman las competencias de seguridad en los aeropuertos y puertos catalanes.
Poco a poco, lo que queda del Estado en Cataluña va desapareciendo. Y lo hace de la mano del PSC.
Por eso no me extraña que, hace unos días, cuando pregunté a unos compañeros míos nacionalistas sobre qué opinaban del Govern de Illa, me respondieran: “Estamos cómodos. Con Illa estamos cómodos”.