Esta semana, Glovo ha anunciado que, por fin, contratará a sus repartidores que, hasta ahora, trabajaban como falsos autónomos. Por esta triquiñuela, la plataforma de reparto de comida a domicilio ha recibido multas millonarias en los últimos años. E incluso España desarrolló una normativa (la denominada Ley Rider) para tratar de poner coto a esa situación, sin éxito.

De hecho, el anuncio se ha producido apenas un día antes de que el consejero delegado y fundador de la compañía, el polémico Óscar Pierre, tuviera que declarar ante la justicia acusado de un delito contra los derechos de los trabajadores, por el que le podrían caer hasta seis años de cárcel.

No han faltado los analistas que consideran la promesa de Glovo como parte de la estrategia de defensa de Pierre para salir airoso del proceso judicial. Y es posible que tengan razón.

Pero, sobre todo, se han multiplicado las muestras de aprobación por el hecho de que los riders finalmente estén debidamente contratados y asegurados como cualquier trabajador normal.

Sin embargo, en esta historia, las críticas a Glovo por su maltrato a los repartidores y los aplausos por su rectificación rezuman un tufillo a podrido.

Glovo es una empresa que pierde cientos de millones de euros cada año. Jamás ha ganado un euro. Desde su creación, en 2014, apostó por una política de venta por debajo de coste para dominar el mercado (ya habrá tiempo, después, de subir los precios). Y hace un par de años, Pierre y su socio Sacha Michaud pegaron un pelotazo de varios cientos de millones al vender sus acciones a la multinacional alemana Delivery Hero.

No sé cuánto tiempo puede aguantar una empresa de este tamaño perdiendo dinero a espuertas, pero seguro que no podrá seguir así para siempre. Y lo que está claro es que, al asegurar a los riders, los costes de Glovo aumentarán considerablemente.

Lo más razonable es que, para parar la hemorragia financiera de la compañía y garantizar su viabilidad, ésta se vea obligada a subir sus precios más pronto que tarde.

Sin embargo, cuando preguntas por esta cuestión a usuarios habituales de la plataforma que defienden activamente la regularización de los riders, la respuesta es asombrosa: si en vez de pagar 2 o 3 euros para que me traigan una hamburguesa a casa, tengo que pagar 6 o 7, dejaré de usar Glovo.

Es la hipocresía del progresismo de salón.