Empresarios y políticos sonreían ayer en la presentación del flamante nuevo bus náutico de Barcelona, que une el Port Vell con los llamados tinglados del Moll de Llevant. Es la "primera lanzadera acuática del Mediterráneo"; "sostenible" y casi "autosuficiente". La opera Alsa, que ha logrado la externalización de la Autoridad Portuaria de Barcelona (APB) durante 15 años. Hoy se abre al público general. 

Pero lo que no se dice, o se dice poco, o debería decirse más, es que Alsa, el padre del nuevo bus náutico de Barcelona, reventó precios para hacerse con el contrato, como explicó este medio. La filial del gigante británico Mobico acometió una salvaje bajada del 40% para ganar la externalización, dejando fuera a otros operadores mucho más arraigados y seguramente mucho más experimentados como las propias Golondrinas del Puerto, Grup Julià, TMB y Moventia y Grimaldi. 

Las empresas arraigadas no pudieron hacer frente a la chequera de Alsa, que cuenta con la familia Cosme como accionista de referencia, sí, pero también con el wherewithal de fondos buitre como Liontrust --segundo accionista--, Vanguard --tercero-- y JP Morgan --cuarto--. El músculo económico del conglomerado cotizado desplazó al resto de compañías, por bien que estas estaban dispuestas a hacer ofertas que aumentaran la calidad. 

El Puerto, con Lluís Salvadó (ERC) al frente, no lo quiso. Priorizó que el primer bus náutico de Barcelona, tras años de retraso, se opere de manera low cost por parte de una empresa sin apenas raigambre en el territorio. Tan poca que ha tratado de ganar cuota en el mercado de transportes por carretera y no lo ha logrado. 

En tierra firme, algo de Alsa no convence a las Administraciones que licitan permisos de explotación de bus. En el mar, ese algo le ha dado igual al Puerto de Barcelona que rige, en teoría, un político progresista. Alguien a quien la creación de riqueza debería importar tanto como la creación de empleo de calidad. 

A Lluís Salvadó le ha dado absolutamente igual que el contrato del bus náutico de la Ciudad Condal se opere a pérdida, sabedor de que su sucesor, o sucesora, deberá hacer una modificación de contrato más o menos temprano, cuando él no esté. Mientras, los fondos de inversión de Alsa pagarán las pérdidas de transición, habiendo conseguido su tarea: expulsar al resto de operadores a mero golpe de talonario. 

Todas, absolutamente todas las empresas tienen derecho a concursar donde les plazca. Solo faltaría. Es la virtud del libre mercado. Ahora bien, de un alto gestor progresista se espera cierta sensibilidad social en las licitaciones públicas. Máxime si el Govern, que pilotan tus propios compañeros de partido de ERC, recomienda primar la "calidad" y la "preservación de las condiciones laborales" en estos procedimientos. 

Los entrecomillados no son una licencia periodística, sino citas de las recomendaciones de la Dirección General de Contratación Pública de la Generalitat de Cataluña. El ente de Neus Colet --expresidenta del Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público-- recomienda lanzar concursos sostenibles en lo económico y en lo laboral. 

Salvadó ha hecho caso omiso de todo ello. Eso sí, ya se ha encargado de divulgar que el precio del billete será de 1,90 euros, "más barato que el bus". ¿Y la sostenibilidad económica? ¿Y las condiciones de trabajo? ¿Todo vale para arañar cuota de mercado, incluso entrar en pérdidas o regatear, previsiblemente, la calidad laboral? ¿Son 1,90 euros suficientes para garantizar todo ello? Es evidente que no, y luego llegarán los recortes en todos los campos. Porque Alsa tampoco es una oenegé. 

El Puerto de Barcelona ha dado un pobre ejemplo en la gestión. Luego, eso sí, se reivindicará como vector del turismo de calidad. ¿Qué calidad, señor Salvadó?