La reducción de la jornada laboral en España está cerca de ser una realidad. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, vinculó su supervivencia política a esta medida el día en que anunció que daba un paso al lado en Sumar. Argumentó que los sucesivos fracasos electorales de su partido obedecían a que ella se había centrado demasiado en la vida interna de la formación y había desconectado de las necesidades reales de la ciudadanía, y puso como ejemplo trabajar menos horas a la semana como un clamor social que se comprometía a llevar a cabo desde su departamento.

El problema es que la demanda social, en realidad, no existe. Sobre el papel, trabajar menos horas a la semana es algo positivo; pero deviene una mera consigna populista si no se tiene en cuenta la realidad del mercado laboral donde se aplicará.

Trabajar 37,5 horas semanales será de fácil aplicación, incluso positivo, para ciertos colectivos. De hecho, uno de cada tres convenios colectivos vigentes en Cataluña -102 de los 339 registrados- ya fijan jornadas laborales por debajo de esta cifra. Y otros 60 de aplicación autonómica establecen entre 37,5 y 38,5 horas semanales, muy cerca del objetivo de la ministra de Trabajo. Así lo recordó Foment del Treball en febrero, cuando Díaz empezó a reclamar la ejecución de una de las medidas estrella del pacto de legislatura entre PSOE y Sumar.  

El problema es que aplicar esta jornada en determinados sectores de actividad es un verdadero galimatías y tendrá, en el corto plazo, consecuencias perniciosas. Especialmente en colectivos laborales que ya están al límite por la carga de trabajo que soportan, como son los sanitarios.

En España faltan médicos y, especialmente, personal de enfermería. No son carreras que consigan atraer al número necesario de estudiantes, cuestión de difícil resolución ya que es una formación vocacional -y suerte de ello, ya que el sistema se sostiene por la responsabilidad de los profesionales-; y los salarios en España no son competitivos si se comparan con otros países europeos. Existe una fuga de talento difícil de revertir si no se movilizan más recursos públicos y se destinan a mejorar la remuneración de los facultativos.

Es decir, no hay más mano de obra disponible frente a la reducción de horas laborales semanales. Tampoco se pueden pagar las horas extra reales porque, sencillamente, la dotación de los centros sanitarios no crecerá; hecho que expone a los responsables de recursos humanos a tener que programar más rotación de personal. Y eso tiene un efecto directo en la calidad asistencial, ya que la carga de trabajo no disminuirá.

La exigencia que soportan los trabajadores implica que sea uno de los colectivos más aquejados por problemas como el burnout. Con otro problema añadido, y es que en Cataluña las bajas de facultativos no se cubren por falta de recursos, tanto económicos como profesionales. Es decir, se entra en un bucle.

Igual de precaria es la situación entre el personal de limpieza. Se trata de una actividad feminizada, con trabajadores poco cualificados y que vive básicamente de las concesiones públicas, adjudicadas bajo criterios de eficiencia económica. Las compañías del sector rebajan al mínimo la rentabilidad de las concesiones para conseguir carga de trabajo, unos cálculos que carecerán de valor cuando se rebaje la jornada laboral. No se espera que las administraciones movilicen más recursos para este fin.

Se advierte de que, en esta actividad, la mortalidad empresarial es un riesgo a tener en cuenta en el cambio laboral que vendrá. Y sin empleos de este perfil, las trabajadoras (en su mayoría) tendrán problemas para buscar una nueva ocupación e incluso es posible que se vean expulsadas a la economía sumergida.

Estos son sólo dos ejemplos que se ponen sobre la mesa para pedir más tiempo e incluso una aplicación más quirúrgica de la reducción de la jornada laboral. Pero la ley se aprobará. Y, de nuevo, tendrá un impacto directo en la productividad de un país que se resiste a abordar el gran debate laboral que está latente y que un día, quizá no muy lejano, puede mutar a conflicto social. Y es que España es un país con un salario medio bajo por el coste de la vida, como mínimo en los lugares donde se concentra el grueso de la población.

El Ministerio de Trabajo proporcionará vía decreto ley dos horas menos de trabajo semanal a los que tienen un empleo a jornada completa. Pero no se plantea ninguna fórmula efectiva para mejorar las retribuciones mayoritarias.