La lucha contra la sequía ha sido el gran caballo de batalla de la legislatura de Pere Aragonès. La falta de lluvias marcó el mandato y convirtió a los republicanos en blanco de críticas por su errática gestión en esta materia. Se le atragantó tanto que, de hecho, pesó a la hora de decidir el avance electoral en Cataluña.

El resultado de esta decisión ha sido fatal para el partido que lidera en funciones la Generalitat. El descalabro en las urnas de ERC -el 12M se dejó 13 escaños y más de 178.400 votos- ha coincidido con la apertura del grifo de las precipitaciones. Llueve de nuevo en Cataluña y los pantanos del sistema Ter-Llobregat, las cuencas internas, ya superan el 30% de su capacidad. Este mayo ha nevado en el Pirineo de Girona, por lo que el panorama es optimista.

Son muchas las localidades que han recogido tanta lluvia en los cinco primeros meses del año como en todo 2023. Quizá Aragonès hubiera tomado otra decisión tras el fracaso de los Presupuestos de conocer estos datos, pero convocó los comicios. Y como el ciclo electoral es infinito, el Parlament no se constituirá hasta el 10 de junio, el día después de las elecciones europeas. La negociación es la tónica dominante estos días en Cataluña y, por muchos aspavientos públicos que se hagan, poco trasciende de las transacciones que se plantean en privado.

La precampaña propicia que todo sea mucho más discreto de lo habitual, hecho que añade un punto de cinismo a la rendición de cuentas ante la ciudadanía. La misma que espera que se deje de fiscalizar el consumo de agua de sus hogares y se expone a multas para los que no cumplan con el cupo establecido.

Es cierto que, en puridad, sobrepasar los límites de consumo diario máximos establecidos por el Govern saliente es complejo si no existen fallos en la red doméstica (es decir, fugas de agua que, igualmente, se pagan en la factura). Pero, stricto sensu, implica un control de la Administración sobre las familias poco democrático. Aceptable en una situación de emergencia como la falta de recursos hídricos que ha vivido la mayoría de población de Cataluña en 2023 y en el arranque de 2024, pero cuya prolongación en el tiempo no es de recibo al cambiar la circunstancia inicial.

El Govern en funciones sí se atrevió a relajar el plan para mitigar la sequía en plena precampaña de las catalanas, una decisión que levantó polvareda porque en ese momento la situación de los pantanos de las cuencas internas no era tan boyante y porque se entendió que buscaba rédito en las urnas. Las agendas de los consejeros y del propio president en funciones entonces era muchísimo más activa y buscaban el foco mediático, mientras que desde la misma noche electoral han optado por el perfil bajo por los malos resultados de los republicanos.

Pero si la Generalitat pudo decretar que Cataluña saliera de la emergencia por sequía y relajar las restricciones cinco días antes de las elecciones, ¿por qué no puede ir un paso más allá en el momento actual? Más, cuando la lluvia ha hecho de nuevo acto de presencia este fin de semana.

La tentación regulatoria y de control ciudadano no debería estar presente en un Estado de Derecho. Gripa los principios democráticos y otorga un poder a lo público que es tentador, ya se demostró durante la pandemia, pero que debería ser criptonita para cualquier gobernante con un mínimo cariz democrático. Lo que ocurre con la sequía es un síntoma de las carencias de nuestro sistema que se debe revertir.