Ni siquiera se han cumplido las tres primeras semanas del 2024 y en Cataluña ya se han producido unas 100 detenciones relacionadas con robos y hurtos. No está mal.

Por lo común, no trascienden las nacionalidades de los malhechores, por eso de no criminalizar a nadie por su origen, pero podemos basarnos en datos del 2022 de toda España para acercarnos a la cifra de este inicio del 2024.

En datos del INE, entre hurtos y robos (y todas sus derivadas) se registraron 233.908 hechos delictivos en 2022 en el conjunto del país; de esos, el 70% los protagonizaron españoles y el 30% restante, extranjeros, teniendo los africanos (18,5%) y los americanos (6,5%) un peso mayor en la estadística.

Hay que mencionar que, en el conjunto de España, la población extranjera representa el 13,1% del total, mientras en Cataluña asciende al 16,3%. Por lo tanto, es un dato objetivo que hay más delincuentes recién llegados que nacionales. Ahora bien, ¿esto justifica la repentina cruzada contra la inmigración (multirreincidente)?

Es evidente que nada pasa por casualidad, y que el debate se pone ahora encima de la mesa por puro interés electoralista, por temor a que la Aliança Catalana de Sílvia Orriols, que lleva tiempo con esos postulados, se quede una buena porción del pastel que tradicionalmente se han zampado los convergentes y sus hijos tras el desastre del procés. Porque también Vox hace tiempo que entona esa canción, y entonces estaba mal visto mencionar el asunto.

Así las cosas, la cuestión no es tanto si hay que echar a los inmigrantes que delinquen, sino endurecer las leyes para que no se atrevan a reincidir o, directamente, se les quiten las ganas de venir expresamente a destruir en lugar de a construir, pues ahora saben que les sale todo muy barato gracias al buenismo de los distintos Gobiernos. Ese, sin duda, sería el mejor control, y no tener que esperar a un robo para tomar decisiones.