Hay instituciones que, con el paso de los años, ganan solera, credibilidad e influencia en la sociedad. Una de ellas en Cataluña es la patronal Foment del Treball (antaño Fomento del Trabajo Nacional), que nacida para toda España supo dar un paso al lado cuando fue conveniente, dibujar la CEOE y dedicarse a su territorio original. Hoy es una entidad empresarial que mantiene el nivel de influencia que perseguían sus creadores en el siglo XIX. Originaria de la misma época, la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona vive una suerte distinta. Desde el viernes pasado y hasta el miércoles próximo decenas de miles de autónomos y empresarios de la demarcación barcelonesa podrán votar para designar a sus representantes en los diferentes epígrafes de actividad que componen el pleno. Cosa distinta es que lo hagan.

Hace ya más de tres décadas tuve la oportunidad de entrevistar a Antoni Negre Villavecchia (Barcelona, 1931-2022) nada más acceder a la presidencia de la asociación empresarial. Acababa de ganar unas reñidas elecciones a Joan Gaspart, que representaba la continuidad de un sector del empresariado pegado a la construcción y con tufo opusdeístico, y aquel burgués químicamente puro nos dejó un suculento titular: “La Cámara debe ser el parlamento del empresariado”.

Negre, que procedía del ámbito financiero, no consiguió el mayor de sus objetivos, pero sí logró que los pronunciamientos de la Cámara barcelonesa sobre cuestiones económicas se escucharan incluso en Madrid. En 2002, le sucedió un empresario de corte industrial. Y, a pesar de que durante la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero se asestó un golpe mortal a esas instituciones al anular la obligatoriedad de la cuota empresarial que las financiaba, Miquel Valls Maseda (Barcelona, 1943-2019) mantuvo el tono activo de la Cámara y la función de órgano consultivo de la entidad fue acompañada con un buen servicio de estudios que fiscalizaba cada año, por ejemplo, la inversión en infraestructuras del Gobierno central en suelo catalán.

Los empresarios mencionados, como José Luis Bonet, que desde Freixenet dio el salto a la Cámara de Comercio de España, tienen en común que su visión de la realidad ponía por delante a las empresas frente a la política. Y tenían (o tienen) relaciones políticas, por supuesto, pero las manejaban desde la creencia de que los intereses que ellos representaban eran y son distintos a los de los partidos políticos. Nunca usaron la estridencia, pero sus actuaciones modificaron leyes tributarias, regulaciones comerciales y mercantiles y hasta normas laborales.

En 2019, la Cámara de Barcelona cayó en manos de políticos. Eran los años consecutivos al intento independentista de 2017 y la Assemblea Nacional Catalana (ANC) sorprendió a todos presentando candidaturas a las elecciones a cámaras que pillaron al empresariado con la guardia baja. Eso, las batallitas entre Enric Crous (ex de Damm) y Carles Tusquets (Mediolanum), que aún pensaban que vivían en tiempos de Negre (su sobrino conspirador Ramon Masià) y de Valls, hicieron que un grupo de activistas del independentismo tomaran el control de esas entidades al más puro entrismo trotskista. Desde dentro han intentado usar la entidad como una caja de resonancia de los movimientos e iniciativas políticas de Junts per Catalunya. Las trampas que hicieron para ganar y la complicidad de la Generalitat han sido condenadas en sentencias firmes, pero nada cambió. Cosas del Derecho.

La jugada solo les ha salido bien a medias. Dudo que ni un 1% del empresariado de Cataluña sepa cuál es el nombre de la presidenta de la Cámara barcelonesa saliente. Han podido controlar la institución, jugar con su presupuesto (y no parece que con gran éxito) y colocar a unos cuantos amiguetes en el ecosistema cameral. Poco más.

Tan chocante fue lo sucedido en 2019 y tan insignificantes los cuatro años de la ANC al frente de la asociación que las elecciones de estos días han suscitado nulo interés público. Ni siquiera el empresariado más potente de la ciudad ha querido participar en la elección de nuevos representantes. El portazo de Agbar, la empresa histórica de las aguas de la ciudad, siempre presente en el pleno de la Cámara a lo largo de la historia reciente, ha dicho basta, se ha largado antes de las votaciones porque ni tan siquiera quiere competir por su epígrafe.

Solo un pequeño grupo de profesionales se enfrentará a la ANC. Pero los apoyos que reciben son también políticos. Se trata de la candidatura que encabeza Josep Santacreu (jubilado de DKV) y que cuenta con el apoyo de Femcat y del Gobierno de ERC. Estamos, por tanto, ante unas elecciones a las que concurren Junts y ERC. Los vinculados al partido de Carles Puigdemont procurarán retener el poder conquistado y los aspirantes, con el liderazgo de un dirigente que parece una marioneta de Pimec o un robot teledirigido por el beato Oriol Junqueras, conseguir que la Cámara se parezca lo máximo posible al Gobierno de la Generalitat en el que ERC anda sola.

Más allá de los cuatro chascarrillos sobre los nombres propios, los codazos de Antoni Cañete desde Pimec y la estrambótica (por silente) campaña del grupo de Santacreu hay poco más en el horizonte de la renovación de una institución centenaria que se diluye por sí misma y en su función social. Casi lo más importante de la entidad son sus activos inmobiliarios, la sede de Diagonal y el edificio histórico de la Llotja de Mar. Por esa razón el resultado de estas elecciones solo interesa a quienes optan al asiento. Nada que se parezca, ni en una ensoñación, al parlamento del empresariado que hace décadas Negre deseaba construir.