Al contrario de lo que algunos ingenuos pronosticaron, la muerte del procés no ha servido para que el nacionalismo catalán afloje un ápice en la imposición de su proyecto identitario y excluyente. Esto incluye la violación sistemática de los derechos lingüísticos de los catalanes. Y parece que cada vez con más intensidad.

Este mismo jueves lo hemos podido comprobar con la aprobación de varias mociones en el Parlament en defensa de la inmersión, es decir, a favor de mantener el catalán como la única lengua vehicular de la enseñanza, a pesar de que la justicia ha dejado claro una y otra vez que se trata de un modelo ilegal.

Uno de los textos, promovido por ERC y apoyado por JxCat y la CUP, insta al Govern a defender “el modelo de escuela catalana como proyecto educativo de país, basado en la inmersión lingüística, con el catalán como lengua vehicular y los proyectos lingüísticos de centro como un elemento central del modelo lingüístico escolar de Cataluña, para garantizar la integración y la cohesión social, así como la normalización lingüística del catalán, y del aranés en el Arán”.

El desprecio de los nacionalistas por el bilingüismo y el ansia desenfrenada de los radicales llega al punto de exigir el despliegue de “metodologías de inmersión lingüística” para que el monolingüismo en catalán alcance también “los espacios informales del centro”, como “patio, pasillos, comedor, extraescolares, actos y celebraciones”, y también “las salidas escolares, los talleres y otras actividades” de los centros. Vamos, que hay que perseguir y eliminar cualquier palabra en castellano que pueda aparecer en todo el entorno escolar.

Pero la obsesión totalitaria no termina ahí. Además, los fanáticos quieren extender sus zarpas a Baleares y la Comunidad Valenciana. En otra moción –a la que se ha sumado En Comú Podem–, la Cámara autonómica insta al Govern a “exigir al Estado Español” respeto a que “la ciudadanía tiene derecho a recibir enseñanza de y en lengua catalana allí donde es lengua propia”.

Y tiene guasa la cosa, porque los nuevos pactos de gobierno entre PP y Vox en esas comunidades en ningún caso ponen en peligro ese derecho a recibir enseñanza en catalán, sino que prevén que ese derecho sea compatible con el derecho a recibir educación en español. Es decir, establecer un modelo bilingüe que garantice unos porcentajes mínimos en cada lengua.

Cada día es más evidente que los que apostaron por la estrategia del contentamiento (con indultos, reformas penales a la carta y rehabilitaciones políticas) para calmar al nacionalismo catalán se equivocaron. No reconocerlo es un ejercicio de cinismo inaceptable que no debería quedar impune.