Siempre se ha dicho que Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) no tiene nada de izquierdas a pesar de que así lo proclamen sus siglas. Su presidente, Oriol Junqueras, sin ir más lejos, solía votar en contra de eliminar las subvenciones a los colegios del Opus que segregan por sexo cada vez que este asunto se sometía a debate en el Parlament.

Es un ejemplo extremo que, unido a la instrumentalización que los republicanos hacen de las políticas educativas, va creando un patrón. Anunciar dos horas antes de un pleno monográfico sobre educación que se van a reforzar las plantillas docentes, después dar la espalda durante meses a la comunidad educativa –enmendar los errores del muy prepotente Josep Gonzàlez-Cambray no va a ser tarea fácil para su sucesora, Anna Simó- demuestra hasta qué punto el gobierno de Pere Aragonès no considera prioritario potenciar un sector clave en la lucha contra las desigualdades sociales.

Se nos dice constantemente, y es cierto, que combatir las agresiones sexuales, la homofobia o la violencia de género pasa por medidas educativas. Y es así. Pero si algo ha dejado claro esta sesión plenaria es que, para ERC y sus socios conservadores de Junts per Catalunya –el progresismo republicano se diluye fácilmente en los debates (cansinos) sobre la identidad-, la prioridad es aprobar una resolución conjunta en el Parlament que reclama un "pacto nacional en defensa de la escuela catalana frente a los ataques sistemáticos del Estado español".

¿No habíamos quedado que la ley aprobada por amplio consenso –ERC, Junts, comunes y PSC— sobre el modelo lingüístico en las aulas, así como el decreto posterior –éste sí, más unilateral, pues avala la desobediencia a las sentencias judiciales— blindaba el catalán de injerencias, reconociendo el castellano como lengua de aprendizaje? ¿Qué se entiende por ataque sistemático?

ERC está convirtiendo en seña de identidad la utilización de las políticas sociales como arma arrojadiza contra los adversarios electorales. Porque en el Pleno ordinario posterior al dedicado a la educación, el consejero de Derechos Sociales, Carles Campuzano, también dio muestras de partidismo en su gestión. Recordemos que el exdirigente del PDECat fue fichado por el presidente Pere Aragonès en un alarde de “transversalidad” y en atención a su talante socialdemócrata.

No tardó ni seis meses en ser reprobado por el Parlament por haber prometido una segunda residencia de ancianos en Santa Coloma de Gramenet si Gabriel Rufián ganaba las elecciones municipales del 28M. A día de hoy, ni el republicano ha logrado vencer en este municipio ni Campuzano es consciente del gesto caciquil que tuvo. A preguntas del portavoz adjunto de PSC-Units, Raúl Moreno, el conseller culpó ayer al Estado -¡sorpresa!- del retraso en la creación de esa segunda residencia.

El mismo día que fue reprobado, la Cámara autonómica aprobó una moción en la que se instaba al Govern a realizar las modificaciones de crédito necesarias en el presupuesto de 2023 para redactar el proyecto y construir el centro en Santa Coloma. Pasaron las elecciones, Rufián se estrelló en las urnas y la residencia, según ERC, ya no es necesaria.

Y así todo.