La noche de San Juan es también para muchas familias la de la transición entre el curso escolar y los casales de verano. Se ha terminado un año lectivo marcado por la pugna entre la comunidad educativa y el departamento de Educación que se ha saldado con la destitución fulminante del consejero del ramo, un Josep González Cambray que ha conseguido por méritos propios convertirse en el peor gestor educativo desde la democracia en Cataluña.

Su sustituta fue una de sus principales defensoras, aunque fuera por simple consciencia gremial (de ERC, vamos). Anna Simó tiene muchos deberes pendientes. El principal es el de recomponer las relaciones con todos los sindicatos educativos, incluso los que históricamente se han situado próximos a los republicanos.

Sí que se ha encontrado con un marrón superado: el de adelantar el curso escolar. Ella misma fue una defensora de la iniciativa, que no se ha implementado hasta la llegada de Cambray por su nula consideración a la concertación y diálogo con la parte social. Al conseller destituido se le traía al pairo las sucesivas huelgas educativas y esperaba que los profesores se cansaran de protestar, pero falló en medir el impacto electoral de que le resbalaran las críticas.

Al final, que los docentes hablen cada día con las familias y les cuenten pestes de la gestión del Govern también ha pasado factura. El partido ha perdido apoyos en las urnas (por muchas más cosas, pero por esta también) y Cambray ya es historia.

Simó, como muchos otros antes, defiende que adelantar la vuelta al cole en septiembre es la mejor fórmula para que los niños no sufran de exceso de vacaciones y las familias puedan conciliar más. Cuando, en verdad, la conciliación ni está ni se la espera en España. Y la que existe corre a cuenta y riesgo de los privados, tanto de las empresas donde sí existe flexibilidad como los padres que asumen que, por ejemplo, tienen que guardarse vacaciones para poder cumplir con las expectativas de calendarios de adaptación escolar que son incompatibles con un horario laboral al uso. Sin entrar en que las clases acaban en la mayoría de los colegios públicos a las 16:30 e incluso a las 16 horas.

A partir de mañana se verá de forma clara que la conciliación es una quimera --tanto en Cataluña como en el resto de España--. Los 150 euros a la semana que cuesta de media un casal no es un precio que puedan pagar muchas familias, hecho que moviliza a ese ejecito de abuelos que ejercen de cuidadores u otras alternativas en auge como las madres de día.

Esta carencia básica de la sociedad española no ha sido una cuestión que preocupe a ningún gobierno, sea cual sea su signo político. Incluso los que más han hecho bandera de que iban a facilitar la vida a las familias con su actividad legislativa, a la hora de la verdad estas iniciativas vendidas a bombo y platillo se han quedado en el cajón.

España no es un país fácil para criar, ni siquiera en reconocer incentivos fiscales para los que tienen hijos. Aunque nuestra pirámide de población sea de las más envejecidas de Europa y la natalidad esté por los suelos. En Cataluña, además, tenemos un hecho diferencial: una de las principales preocupaciones de la consejería de Educación es ver cómo se “desafía” al Tribunal Constitucional cuando este dictamine sobre la presencia del 25% de castellano en las aulas del territorio. Cuestión de prioridades.