¿Hay intereses de grandes oligarcas rusos en el Puerto de Barcelona? Pues miren, no se sabe. No se sabe porque conocemos que al menos en dos de las concesiones del Puerto autónomo, el astillero Marina Barcelona 92 (MB92) y el puerto deportivo Marina Port Vell, sí los hubo en el pasado. ¿Los hay ahora? Difícil de saber, porque los operadores, o sus dueños, son muy celosos de revelar esta información. 

En una situación convencional no tendrían que hacerlo, por supuesto. La seguridad jurídica y derecho a la discreción asisten a todo negocio en una economía abierta y que esté alineada con los estándares internacionales. En una situación convencional, ni MB92 ni Marina Port Vell deberían tener que dar explicación alguna de quiénes son sus accionistas, operadores o quién amarra o repara allí su yate. Pero es que la situación actual no es convencional. Hay una guerra ilegal en el corazón de Europa, según la asamblea general de Naciones Unidas [ver comunicación aquí], perpetrada por un Estado que esponsoriza el terrorismo, según el Parlamento Europeo [ver la noticia aquí], agresión que merece reparaciones de guerra a la nación agredida, también con la enajenación de los bienes privados de grandes empresarios del país atacante, según la propuesta dibujada por la Comisión Europea [ver propuesta aquí]. 

Sobre estos mimbres, algunos países mundiales ya han comenzado a identificar bienes de oligarcas rusos, a incautarlos y a proceder a su subasta para pagar las reparaciones de la agresión ilícita. Y no son países sospechosos de ser enemigos de la seguridad jurídica. En absoluto. Lo propuso en mayo de 2022 Charles Michel, presidente del Consejo Europeo; lo aprobaron el Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos en diciembre y también lo puso en marcha el Gobierno de Canadá el mes pasado. También lo reclamó el cónsul de Ucrania en Barcelona durante una entrevista con Crónica Global. 

Por ello, se impone auditar internamente o externamente el Puerto de Barcelona, en mi opinión. Para conocer si hay intereses de grandes oligarcas rusos, y con tres objetivos. El primero es conocer si, en efecto, existen intereses de magnates rusos en forma de activos o acciones, controlados de forma directa o indirecta por medio de sociedades interpuestas. El segundo es conocer si jurídicamente es viable su subasta para la reconstrucción de Ucrania. Hay dudas sobre ello, pues los derechos fundamentales de sus propietarios también entran en juego. Será materia para los juristas. 

Y el tercero es abrir el debate sobre si es ético utilizar estos activos durante la próxima Copa América de Barcelona en 2024. Porque si hay bienes total o parcialmente controlados por individuos o personas sancionados internacionalmente por la agresión rusa a Ucrania, carece de sentido engrosar su facturación con el evento más importante que acogerá la Ciudad Condal en los próximos años. 

En otras palabras: se impone una revisión de quién controla qué en el Puerto de Barcelona porque, siempre bajo mi punto de vista, no sería ético hacer a determinados operadores partícipes del impacto económico de la Copa si están controlados total o parcialmente por personas sancionadas por la guerra y mientras caen drones rusos sobre la población civil en Kiev. Es algo de lo que deberían ser conscientes la Autoridad Portuaria y su nuevo presidente, Lluís Salvadó (ERC), pero también Grant Dalton y el resto del equipo organizador de la Copa América.

Por ejemplo, creo que poca gente entendería que se utilizaran las instalaciones de MB92 si Vagit Alekperov, expresidente de Lukoil, tiene aún participación en el astillero. Algo que no sabemos a ciencia cierta, porque el negocio que controla el financiero catalán José Caireta por medio de Squircle Capital prefiere ser discreto a la hora de definir quién fueron sus socios y quienes lo son ahora. 

Lo mismo que en Marina Port Vell, también controlada por Squircle, de quien sabemos que, en efecto, magnates rusos han tenido intereses allí hasta el año pasado, cuando se informó del amarre de Usmánov. En el pasado, la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) ya vinculó esta concesión en concreto con el blanqueo de capitales. Y señaló al exmacroconcejal Antoni Vives (CiU) como comisionista en la operación. 

Se impone aclarar todas estas cuestiones. Con una auditoría, interna o externa. El Puerto de Barcelona será protagonista en Barcelona en 2024 y no se entendería que no llegara a la cita libre de alforjas.