Hace unos días un tribunal de Barcelona absolvió a seis militantes de Arran del delito de desórdenes públicos por haber invadido la entrada de la sede del PP en Barcelona en marzo de 2017 cuando el mundo independentista calentaba motores para el referéndum ilegal del 1-O.

El juez consideró que, contrariamente a lo que sostenía el fiscal, estos jóvenes no hacían otra cosa que ejercer el “derecho de reunión y manifestación” ante un “rival político”, como si Arran concurriera a las elecciones o tuviera depositados sus estatutos en el Ministerio del Interior.

Desde su punto de vista, al tratarse de derechos “no neutros” es admisible que su ejercicio pueda molestar a terceros, pero entiende que una duración de apenas 20 minutos limita esos efectos colaterales al terreno de lo tolerable o no punible.

Los muchachos, alguno de los cuales tuvo que ser detenido y llevado hasta la sede judicial porque se negaba a obedecer la citación del magistrado, tampoco pagarán la sanción de 5.400 euros que pedía la acusación; ni siquiera los 1.319 euros que le costó al PP limpiar la suciedad que dejaron los activistas y borrar las pintadas en paredes y cristales de la sede. (En febrero pasado, cuando se acercaba la fecha del juicio por esos hechos, Arran volvió a organizar una manifestación en el mismo lugar para recordar su hazaña).

Qué busca ahora Unidas Podemos cuando trata de afinar la reforma del Código Penal para impedir que los desórdenes públicos “agravados”, figura que sustituye la anterior de sedición, puedan poner en riesgo la “protesta pacífica” del independentismo, como dice Jaume Asens.

Acabamos de ver que los tribunales han legalizado el escrache en su sentido más amplio, incluso sin derecho a indemnización para quienes lo sufren y deben reparar los desperfectos en sus bienes causados por rivales políticos. La interpretación del delito de desórdenes públicos es tan laxa en la actualidad que se hace difícil imaginar que su agravamiento pueda parar los pies a los arranes, cederres y demás patuleia, y mucho menos que coarte las libertades.

Primero fue el indulto, luego la sedición; está en trámite una redefinición de la malversación que amnistíe a quienes organizaron con dinero público y desde cargos institucionales el golpe a la Constitución de 2017. Y ahora viene Podemos por boca de Asens, que a menudo parece el abogado de JxCat, a pedir una especie de gracia general de cara al futuro.

Desde luego, si Pedro Sánchez y el PSOE consiguen salir indemnes del embrollo en el que se han metido habrá que quitarse el sombrero.