La vida más allá de la consulta-harakiri de Junts per Catalunya deja esta semana un informe de la OCDE que señala que el 28% de los españoles de entre 25 y 34 años no tiene titulación ni de bachillerato ni de formación profesional (FP). Son ni-ni o saltan de forma directa al mercado laboral con la capacitación laboral más baja, cuestión que les condena a las retribuciones mínimas.

Esta realidad no es nueva y la solución es de sobras conocida. Brindar programas de FP atractivos, asequibles y que estén enfocados a solucionar necesidades reales del mercado laboral hace años que se receta como la alternativa para mejorar las habilidades de la población en activo, especialmente de la más joven. Pero a pesar de los anuncios políticos de que se potenciará esta formación, la realidad va en otro sentido. 

La gestión de los módulos de FP en Cataluña es, directamente, un escándalo. El sistema acumula fiascos y ejercicio tras ejercicio deja fuera a cientos de estudiantes por falta de plazas. Patronales y sindicatos ponen el grito en el cielo y se ofrecen a la Generalitat para trabajar alternativas, pero se impone la pugna política. Una especialmente absurda vinculada a los roces entre las consejerías de Educación, Empresa y Trabajo, que llevan años separadas y que han estado controladas por partidos de distinto color en demasiadas ocasiones, con lo que todo ello implica. Tan disparatada es la situación que el macrocentro de automoción de Martorell ha pasado casi una década siendo un edificio semivacío por la incapacidad de pactar una oferta formativa con cara y ojos.

En cuanto a la alternativa de la FP dual, aquella que está más pegada a la realidad del mercado de trabajo y cuenta con las empresas como formadoras, es, sencillamente, una quimera. Sí que hay alguna propuesta individual interesante más ligada a la voluntad del profesorado y profesionales que la impulsan que a las facilidades que pone la Administración. Pero se trata de programas minoritarios y con una supervivencia demasiado vinculada a nombres y apellidos concretos que tienen una implicación personal con ellos, algo demasiado frecuente en la educación catalana.

En cuanto al prestigio de la FP, aún no se ha superado que se considere una alternativa de segundones. El camino para los que no tienen las capacidades ni recursos (económicos, claro está) para acceder a la universidad.

Hace años, una patronal impulsó una jornada para motivar que más alumnos optaran por esta alternativa. Al acabar, uno de los periodistas allí presentes preguntó a los ponentes cuántos de sus hijos habían optado por la FP para completar su formación. Todos se miraron entre ellos y se quedaron en blanco, ya que ninguno había predicado con el ejemplo. A finales de 2022, la situación no ha cambiado. Ni entre los agentes sociales ni entre la clase política del país. ¿De verdad nos creemos la FP? ¿O la OCDE nos sacará de nuevo los colores en 2023?