Decía José María Aznar que quién era la Dirección General de Tráfico para decirle cuánto puede beber, en un alarde de ultraliberalismo que echaba por tierra cualquier estrategia de prevención contra los accidentes de tráfico. Las medidas de ahorro energético propuestas por el Gobierno están dando lugar a reflexiones parecidas que pervierten el concepto de progreso y de solidaridad. ¿Reducir el consumo de aire acondicionado y calefacción? "¡Menuda desfachatez! Con lo que le ha costado a la clase media beneficiarse de estas comodidades".

Nada se puede esperar de los negacionistas en cuestiones como el cambio climático, pero la guerra de Ucrania está demostrando fehacientemente que los recursos energéticos no son ilimitados, de ahí el llamamiento que hace el Gobierno a que el ciudadano también ponga de su parte. Parece que cuesta entender que la idea no es privar a los ricos de su bienestar, sino garantizar que los pobres acceden a servicios básicos.

Si se cumplen las previsiones, España entrará en recesión a finales de año. Y, de nuevo, los más desfavorecidos serán los principales perjudicados de un posible apagón energético. Hemos visto cómo las consecuencias de las emergencias internacionales, tanto económicas como sanitarias, se ceban con quienes menos tienen.

No hemos aprendido nada. Los ciudadanos nos hemos vuelto insolidarios y egoístas --“que cada uno se busque la vida”--; los partidos políticos, revanchistas y oportunistas --“los pactos de Estado y las lealtades, para cuando yo gobierne”--, y los países europeos, chovinistas --“España, el sur de Europa, no puede liderar el Midcat“--. Hemos olvidado muy pronto que gracias a la UE se universalizó la vacuna contra el Covid. Evitar la carestía energética también exige unidad europea, hábitos individuales incómodos y una acción política que deje en segundo plano los intereses particulares.

Las previsiones que contempla la Ley de ahorro energético que hoy se debate en el Congreso no son milagrosas, pero intentan adaptarse a las necesidades del momento y, sobre todo, al mandato de la Unión Europea. Que parece que somos europeístas solo cuando nos conviene. Y son medidas reversibles. Como lo fueron las que se aplicaron durante la pandemia.

Otra cosa es que esa ley impulsada por el Gobierno pueda mejorarse, vía enmienda, de ahí la importancia de que el Ejecutivo se abra a tramitarla como proyecto de ley. Mientras los socios de investidura --ERC, Bildu y PNV-- se han dedicado a agotar los plazos de la negociación para mantener la incertidumbre y el discursos indentitarios, el PP lleva días intentando justificar su no a la nueva norma. Algunos argumentos son tan simplistas como conocidos. Que se necesita más diálogo con los agentes económicos, que no se ha contado con las comunidades autónomas…

¡Qué sensación de dejà vu! Excusas parecidas asomaron en los decretos de emergencia durante el Covid. Que alguien me corrija si me equivoco, pero toda ley requiere de un desarrollo normativo que da margen a ese diálogo, siempre necesario, y a la concreción de las competencias autonómicas. Y también, en algunos casos, a un régimen sancionador. Porque parece que a los ciudadanos solo nos motiva el castigo, no la empatía. Es una pena.

Pero la alegación más absurda sobre las debilidades de la ley de ahorro energético es asegurar, como dicen los populares, que incluir la gratuidad en los servicios de Cercanías y Regionales de Renfe, así como otro tipo de ayudas, supone un batiburrillo. La medida ya fue tildada como populista por el PP, pero días después, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunciaba la reducción de un 50% en el precio de los abonos de transporte mensuales a partir del próximo 1 de septiembre. ¿Quién habla ahora de chequevotos?

Pero, ¿cuáles son las propuestas de Alberto Núñez Feijóo para evitar el apagón climático? Básicamente, mantener las centrales nucleares y las plantas de carbón abiertas y reactivar el gasoducto Midcat. Tres medidas con las que el popular intenta hurgar en las diferencias entre PSOE y Podemos, sí, pero que no aportan nada nuevo a las medidas excepcionales apuntadas por la UE. Excepcionales porque, de no existir una invasión rusa en Ucrania, los mandatarios europeos nunca se habrían planteado declarar “verde” la energía nuclear o permitir apurar los yacimientos de combustible fósil, en plena transición hacia las renovables. En cuanto al Midcat, que España lidere la importación de gas licuado por el oeste de Europa es una oportunidad que el PP no quiere ver en manos del PSOE y que Francia parece vetar.

Se avecina un invierno duro y no nos merecemos esta oposición política.