La citación judicial de la presuntamente inocente Laura Borràs por los indicios de que puede estar implicada en delitos de corrupción de su época en la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) añade una nueva mancha al prestigio y a la ejemplaridad que se les presuponen a las instituciones y a quienes las dirigen. Sin perjuicio de que la justicia pueda considerar que su gestión fue impecable en la ILC y de que aquí no hay caso, lo cierto es que su situación impacta de lleno en la imagen del Parlament, la máxima institución de Cataluña después de la Generalitat. Lo más sangrante es que se la eligió contemplando su actual situación, porque se vio como una manera de prolongar la tormenta política y mediática. Pero la realidad es que se ha quedado sola al toparse con el pragmatismo de ERC y la total repulsa de la CUP, por lo que lo tiene complicado para seguir con su relato imaginario.

La situación judicial de la presidenta del Parlament quedaría en una (desagradable) anécdota si fuera la primera vez que ocurre. Pero, por desgracia, los expedientes se acumulan. Sin ir más lejos, su antecesor en el cargo, Roger Torrent –hoy conseller de Empresa–, comparecerá ante el juez el próximo 5 de octubre acusado de desobediencia cuando presidía la Mesa de la Cámara catalana. En concreto, por tramitar propuestas de resolución sobre el procés (una, sobre la autodeterminación y otra, sobre la reprobación del Rey) pese a las advertencias del Constitucional. Y qué decir de Carme Forcadell, que presidía el Parlamento durante los hechos de septiembre del 2017 y que terminó condenada –después indultada por el Gobierno– a 11 años y seis meses por sedición, ese delito que ahora puede sufrir modificaciones en el marco de la mesa de diálogo. De sus predecesores (Núria de Gispert y Ernest Benach), aunque limpios judicialmente, mejor no comentar nada.

Tampoco es mucho mejor la imagen de la Generalitat en los últimos años. Antes del pragmático Pere Aragonès, al frente del Govern estaba el inconfundible Quim Torra –sí, el que hace huelgas de hambre de media hora–, dos veces inhabilitado por desobediencia, por la chiquillada de negarse a retirar una pancarta con mensaje independentista del Palau en periodo electoral. Pero es que Torra sustituyó a Carles Puigdemont, el hombre que huyó de España metido en un maletero. Y ahí sigue, en Waterloo, sin rendir cuentas ante la justicia española como cabecilla del procés (se le busca por el referéndum ilegal y por declarar la independencia de Cataluña, esa que duró ocho segundos), a la espera de que un milagro deje su situación en nada. A su vez, Puigdemont relevó a Artur Mas, que también rindió cuentas ante la justicia, en su caso por el referéndum del 9N, por lo que fue inhabilitado. ¡Qué imagen nos dejaron los tres reprimidos en Perpiñán el pasado 2020 con su grito desesperado para que alguien les hiciera caso! ¿Y el intocable Jordi Pujol? Ahí anda, con su proceso judicial abierto a la espera de novedades.

Al margen de la política, no hay duda de que la tercera institución en Cataluña es el Barça. Y sí, digamos que sus últimos presidentes andan también con líos judiciales, aunque con poco fundamento. De hecho, solo hay que recordar el caso de Sandro Rosell, que pasó dos años en prisión preventiva hasta que quedó libre sin cargos, dado que no se pudieron demostrar los delitos por los que se le investigaba. Un escándalo a todas luces, totalmente injusto con su persona, pero que salpicó al Barça, aunque para entonces él ya había dado un paso al lado. También terminó entre rejas José Luis Núñez, él por haber sobornado a inspectores de Hacienda y, aunque hacía tiempo que se había desvinculado del fútbol, su nombre siempre quedará ligado a la entidad. Sin olvidar las imputaciones de Joan Gaspart (caso Spanair, por un lado, y presunta estafa, por el otro, expedientes ajenos al Barça), Josep Maria Bartomeu (Barçagate) y Joan Laporta (investigado por diferencias en las cuentas del FC Barcelona en su primera etapa), aunque ninguno de estos casos pasó a mayores.

Sin lugar a dudas, en esta lista hay algún caso de abuso judicial, sí, otros que quedaron en nada tras las pertinentes investigaciones, pero hay muchos otros de inoperancia política y mala gestión. Demasiadas manchas para Cataluña.