Señores de Salud, un millón sí importa. La Sindicatura de Cuentas ha aflorado facturación dudosa de una antigua filial de Ferrovial a la Consejería de Josep Maria Argimon por el polémico contrato que externalizó el rastreo de positivos con Covid-19 en Cataluña. La cantidad que cita el fiscalizador --y la que admite Salud-- es cercana la millón de euros. Un montante que es el chocolate del loro en relación al colosal presupuesto del departamento, cuya cifra consolidada alcanzará los 11.244 millones de euros este año, según datos oficiales. 

Pero es que las formas también importan. Y el hecho de que la consejería no supiera con certeza cuánto le estaba facturando uno de sus principales proveedores durante la pandemia, y uno de los más criticados por el estamento médico, da cuenta de qué poco importa a algunos el dinero público. De hecho, el informe [ver aquí] del fiscalizador que aflora el descontrol con Ferrovial, también recuerda que el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) no evaluó ninguno de los 24 contratos públicos que la Sindicatura ha elegido al azar. Y eso que los pliegos de condiciones lo establecían. 

En otras palabras: o hay desinterés una vez asignado dinero público o faltan medios para controlar lo que viene después de una adjudicación. O existen otras razones que este periodista desconoce y que, si ese fuera el caso, no recaerían en el ámbito periodístico, sino en otros. Lo cierto es que tanto el millón de euros perdido por la filial de Ferrovial como los 24 contratos del SEM denotan torpeza en el manejo del dinero de todos los ciudadanos. 

O algo más grave, si se tiene en cuenta lo que dice la Sindicatura de cómo funcionan las ambulancias públicas en Cataluña. Las subcontratas privadas introducen ellas mismas el volumen de actividad a facturar al SEM. Y nadie de Emergencias controla esos datos. O nadie lo hizo entre 2016 y 2018, alerta el ente de control de las cuentas públicas. 

El argumento, pues, se hilvana solo. ¿Qué incentivos tiene un contratista para decir la verdad sobre lo que factura, pongamos equis, al sistema público --y no equis más uno-- si nadie coteja los datos? Paga el SEM a los privados sin preocuparse de cuánto cuesta al erario común? Es ello un ejemplo de buena gestión?

Es evidente que no lo es, y por ello la Sindicatura ha dado un pescozón a Salud. Y lo que falta por saber. Este medio preguntó ayer en persona al conseller Argimon (Junts) si auditaría el concierto que mantiene con CPB SSM, el proveedor en el que trabaja su nuevo máximo asesor en salud mental, el doctor Joan Vegué.

La pregunta no era inocente, por supuesto, sino que emanaba de las dudas que genera en el sector sanitario el hecho de que CPB SSM pague los alquileres de algunos centros concertados a una inmobiliaria que pertenece a su directora general, Rosa Verdaguer. Lo explicó este medio en dos entregas, esta y esta, sustentadas con documentación del Registro Mercantil.

Se trata, y esto es la libre opinión de quien firma, de un escandaloso sistema de captura de recursos públicos para el lucro privado y personal. Pero al consejero no le pareció lo suficientemente grave y fio el control de este y otros conciertos a la fiscalización ex post que hacen Intervención de la Generalitat de Cataluña y, en su caso, la propia Sindicatura. 

De nuevo, una actitud contemporizadora cuando no negligente con los recursos de todos, como con el millón de euros supuestamente pagado de más a Ferrovial que a nadie le interesa porque el presupuesto de Salud es mucho. Pues bien, es el sueldo anual de trece médicos especialistas, que buena falta hacen al sistema. Por todo esto, un millón sí que importa. Sobre todo si es un millón de todos.