Los manuales del buen alcalde (o alcaldable) señalan que escuchar a los vecinos es la clave de una buena gestión local, sin que eso implique una obligación expresa de ejecutar cada una de las peticiones que recibe. Pero la línea entre caer en actitudes populistas e ir a tu bola no debería ser tan fina. No en vano, las Administraciones locales son y deberían ser siempre las más próximas a la ciudadanía.
Por enésima vez la justicia ha puesto la lupa en una iniciativa urbanística de Barcelona por los presuntos defectos de tramitación. Se trata de la creación de una superilla en el Eixample, unas obras que se iniciarán en breve entre una polémica colosal, cuestión que también viene siendo el sello del Gobierno local de la ciudad.
No cuentan con el consenso ni siquiera de los residentes de la zona y se ha hecho oídos sordos a las alegaciones que se han presentado --que van en diferentes sentidos pero que coinciden en un análisis más profundo para tocar algo como es la ordenación que hizo Cerdà del barrio--. De hecho, la licitación de los trabajos se ha iniciado sin que el proyecto esté aprobado de forma definitiva. Algo parecido a lo ocurrido en Vía Laietana, otra reforma que afecta de directamente a la movilidad de la capital catalana y que está en los tribunales. En esta ocasión, con la remodelación ya iniciada.
La Fiscalía de Barcelona ve indicios de que en la tramitación del proyecto de la superilla se habría cometido un delito contra la ordenación del territorio. Es decir, que el futuro del proyecto está en el aire por una cuestión técnica. Queda menos de un año para las próxima elecciones locales y los comunes, el partido de Ada Colau, han puesto la directa en materia urbanística. Les urge poder presentar una hoja de promesa cumplida y la prioridad del partido es mayo de 2023, tal y como han dejado claro los miembros de su cúpula. Es decir, seguir en el poder.
Barcelona es una de las pocas ciudades en que es factible que se mantenga un gobierno de izquierdas. Con todas las incógnitas abiertas sobre las alianzas posibles, ya que no está claro ni qué líderes volverán a encabezar una candidatura electoral. Pero la demoscopia aprieta y asegurar fets, no paraules, el lema que hizo triunfar a José Montilla en su momento, parece una urgencia. Tanto, que evitan escuchar todas las voces que exigen pulcritud en la tramitación administrativa de los proyectos para evitar que se estrellen de nuevo en una burocracia densa pero necesaria para ser garantistas.
Se advierte de que los grandes proyectos del final de mandato en Barcelona tienen todos los visos de acabar en otro rompecabezas judicial. Uno especialmente complejo porque las resoluciones llegarán con las obras ejecutadas y, posiblemente, con un nuevo Ejecutivo local. No será el problema de los actuales dirigentes, pero las consecuencias las cubrirán los mismos: los ciudadanos de la ciudad.
La Operación Chamartín es el ejemplo recurrente de cómo no se deben ejecutar los proyectos transformadores de cualquier ciudad. El mandato de diseñar un nuevo barrio en Madrid fue dado en 1993 y no fue hasta julio de 2019, con Almeida como alcalde de la ciudad, que se aprobó el proyecto final, llamado Distrito Castellana Norte. El corolario de problemas (cambios de color político incluidos) y errores en el camino fue tal que, para evitar otro correctivo en los tribunales, el consistorio llegó a justificar una alegación que pedía instalar pajarerías en la zona y otra sobre la necesidad de proyectar campos de petanca.
Es la escucha llevada al extremo. Pero rechazar alegaciones en bloque y querer imponer proyectos urbanísticos no parece el camino más correcto. Levanta ampollas entre los que se han movilizado para intentar introducir cambios y se arman de razones para recurrir a la justicia, donde tienen las de ganar por la jurisprudencia. Al final, perdemos todos. ¿Tanto peso electoral tiene cortar una cinta?