Como era previsible, el nacionalismo catalán no ha recibido con agrado la retahíla de sentencias que ordenan la reintroducción del castellano en, al menos, un 25% del horario lectivo (y las que vendrán). Es decir, la abolición efectiva de la inmersión.

La bestia herida se ha revuelto con violencia y trata de hacer todo el daño posible. Eso sí, algunas veces, ese arrebato genera contrasentidos y situaciones absurdas.

Es el caso de la ofensiva liderada por la consejera de Investigación y Universidades de la Generalitat, Gemma Geis, para apretar las tuercas a los profesores universitarios asociados y exigirles acreditar antes de final de año un nivel alto de catalán (C1, el segundo de de los cinco que hay) si quieren seguir dando clases el curso 2023-2024.

Lo inaudito de la situación (que hoy explica María Jesús Cañizares con todo tipo de detalles en Crónica Global) es que, pese a prometer que se les facilitaría recursos formativos a los docentes, no hay plazas suficientes. Al menos, en la Universidad de Barcelona (UB). Un escenario kafkiano.

La embestida de Geis se justifica en el objetivo de “frenar la regresión que sufre la lengua catalana en la docencia y la investigación universitarias”. Una presunta “regresión” que, sin embargo, no se sostiene con las cifras oficiales. Según datos de la propia Generalitat, el 70,5% de las asignaturas de los grados se imparten en catalán, mientras que, si se cuenta por horas, el guarismo alcanza el 75%.

Pero eso no importa. En realidad se trata de expulsar el español del ámbito público y contrarrestar las sentencias a favor del bilingüismo que afectan a la enseñanza obligatoria. Por eso, el propósito fijado por la consejería es llegar cuanto antes al 80% de la docencia universitaria impartida en catalán.

Mientras tanto, el Govern busca fórmulas para dificultar lo máximo posible el restablecimiento del bilingüismo en las escuelas. Así, la Consejería de Educación, dirigida por Josep Gonzàlez-Cambray, impulsa un “consejo lingüístico asesor” para “reforzar el modelo de escuela catalana”. Según el consejero, este nuevo chiringuito pretende “incrementar el catalán en nuestros centros educativos”. ¿Más aún?

Y por si eso no fuera suficiente, los sindicatos se apuntan al hostigamiento contra los castellanohablantes. Así, las organizaciones que apoyan las huelgas contra Cambray por el lío de las fechas de inicio del próximo curso también exigen, entre otras medidas, “la asunción de la responsabilidad del Departamento de Educación en la defensa de la inmersión lingüística”. Entre ellos, cómo no, UGT y CCOO.