Nuevo mes y nueva escenificación independentista, puro postureo para que no se diga que la lucha ha terminado. De hecho, salimos a polémica absurda por semana, una polémica que surge directamente de las instituciones, tal vez en un grito desesperado para que alguien les haga caso y se las tome en serio, bien que logran el efecto contrario. Lo peor del procés ya ha pasado, es una obviedad, así que hay que forzar otras discusiones con las que tapar una mejorable gestión, ya sea en forma de pataleta lingüística, de pulso por los Juegos Olímpicos de Invierno o, lo último, de cierre fake del Parlament.

Todo parte de la desobediencia de Pau Juvillà (CUP), hoy diputado, cuando era concejal en Lleida; se negó a retirar un lazo amarillo de la Paeria en periodo electoral, que es el mínimo tiempo –así nos vemos– que se le exige a una institución pública el mantenimiento de la neutralidad política. Después, Juvillà llegó al Parlament, pero fue denunciado y, al final, la justicia lo ha inhabilitado. Sabemos de qué pie cojea y por qué se le ha votado, pero precisamente alguien que vive de dinero público debería respetar ciertas normas.

La cuestión es que la bravucona Laura Borràs, que no cabe en sí desde que recibió la felicitación navideña del consulado de EEUU, dice con la boca pequeña que se niega a retirarle el acta a Juvillà y propone una huelga de actividad del Parlament, que más que huelga son recomendaciones de aplazamiento para no meterse en más líos (que bastante tiene con el caso del Institut de les Lletres Catalanes), para mantener la tensión y retrasar lo inevitable, que es el despido del desobediente. En el fondo, está ganando tiempo por si un milagro la libra de tomar la "represiva" decisión.

En concreto, la huelguita afectaría a 13 comisiones, dos ponencias, dos comisiones de estudio e, incluso, al pleno del Parlament. Se trata de que los diputados independentistas suspendan (aplacen) las comisiones que dirijan e intenten paralizar, por falta de quorum, las que encabezan los partidos contrarios a este paro de actividad. Surrealista, pero poco sorprendente a estas alturas. Para ello no solo cuenta el independentismo con las instituciones; también con los medios subvencionados, alguno de los cuales acusa al PSC de boicotear este cese de actividad por querer trabajar y servir al pueblo, que para eso están donde están. En todo caso, si no trabajan, esperemos que tampoco cobren, aunque eso sí sería un milagro.

Cataluña tiene la televisión más cara de España y también el Parlamento más caro del país. Hay que ver lo bien que viven los que viven bien. Lo peor de todo es que el cierre de la Cámara catalana no le importaría a casi nadie, tal es la degradación a la que la han sometido en los últimos años. Lo que debería ser un espacio de debate sano para progresar lo han convertido en una sala de enfrentamiento y retroceso, fuente de absurdas polémicas, y ello ha provocado el hastío de la población, que no echaría de menos la ausencia de actividad; algunos incluso la celebrarían. Y, en el caso de TV3, igual ocurriría lo mismo.